Funcionarios que hayan incurrido en algún tipo de irregularidades administrativas, deberán ser sancionados por la Auditoría Superior del Estado, instancia responsable de fincar las responsabilidades, advirtió con “la mano en la cintura” la alcaldesa, Ana Martha Escalante Castillo.
Al término de un evento en la UAC, sin dar nombres, en entrevista la presidenta municipal advirtió que pagarán las consecuencias los ex funcionarios municipales que no hayan cumplido, sin embargo no respondió si han llamado a comparecer a ex funcionarios de la comuna para que expliquen las condiciones en que dejaron la actual administración municipal.
Inclusive Escalante Castillo no tenía conocimiento de la denuncia de vecinos de Concordia y Kalá, quienes acusaron al ex director del Invicam, Carlos Cárdenas Montero de haberse apropiado de los terrenos del drenaje pluvial que se encuentra en esa zona de la ciudad.
“En este caso y en otros, nosotros como Ayuntamiento tenemos que realizar una investigación, ver si hay algún documento al respecto, conocer la situación real si fue entregado algún permiso, para entonces proceder”, expuso.
Mencionó que se recaba la información de cada dirección para tener un expediente completo y en dado caso que los ex funcionarios no solventen la información se turnarán a la contraloría estatal y auditaría superior del estado.
“De todo ese expediente se informa a la contraloría interna y ellos a su vez cuando hagan la auditoria, tanto al Auditoria Superior del Estado como por la Contraloría Estatal, donde se inician el procedimiento de fincamiento de ley”, explicó.
Comentó que se trata de solventar algunos casos como sucedió con la delegación de la Sedesol federal que tiene algunos “pari pasu” que aún no están cubiertos.
“Hemos llamado al Director y bueno, se trata de solucionar primero internamente. Cada área habla con su Director que hizo la entrega-recepción, porque no se puede fincar responsabilidades hasta que se tenga la información necesaria
En ese sentido, aseveró que la pasada administración municipal no solventó los casi tres millones de pesos, además de otros programa sin concretar como “3 x 1 para migrantes” y “Habitat”.
Manifestó que afortunadamente hay un plazo de cinco años para poder fincar responsabilidad a algún ex funcionario de la pasada administración municipal que haya incurrido en la corrupción.
