Cada año, cerca de 182 mil niños, niñas y adolescentes se ven afectados por el denominado síndrome de alienación parental, cuya característica principal es la manipulación sicológica del padre o la madre durante un proceso divorcio, lo que, además de generar un daño, es violatorio de los derechos humanos del menor, coincidieron diputados de la Comisión de Justicia y expertos en la materia.
Durante el foro Padres Manipuladores, Hijos Víctimas: Síndrome de Alienación Parental, los diputados Karina Labastida Sotelo y José Alfredo Botello Montes, del PAN, se pronunciaron por perfeccionar la legislación en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y castigar a quien, además de violar sus garantías, le ocasione un daño sicológico.
Otro aspecto, señaló la diputada Labastida Sotelo, es que la legislación deberá repercutir en los padres y en aquellas otras personas que puedan ejercer la guarda y custodia en cualquier momento.
Indicó que uno de los derechos recocidos por los tratados internacionales y el propio derecho positivo mexicano establecen que el menor debe tener un desarrollo integral, psicosocial y afectivo y ver materializado su derecho a una vida libre de violencia.
Destacó que el síndrome es poco conocido en México, sin embargo, está presente en casi la totalidad de los matrimonios que enfrentan un proceso de divorcio y en el que las principales víctimas son los hijos.
Resaltó que cada año, más de 91 mil matrimonios se disuelven mediante el divorcio y en este sentido, tomando en consideración un promedio de dos hijos por pareja, más de 182 mil niñas, niños y adolescentes se ven afectados por la alienación parental.
La legisladora explicó que es común que en un proceso de separación se presente la manipulación alevosa de uno de los dos progenitores para influir psicológicamente en los hijos, con el propósito de crear en ellos una imagen negativa e, incluso, resentimiento en contra del otro.
Aclaró que la alienación parental no concluye con la disolución del matrimonio, pues generalmente continúa después del divorcio y el alienador la ejerce durante el tiempo que, por disposición legal, le corresponde convivir con los hijos menores de edad.
Por su parte, el diputado José Alfredo Botello Montes (PAN) destacó que en los últimos dos años los divorcios se incrementaron en casi 75 por ciento, lo que arroja un nuevo paradigma cultural y social.
Refirió que la familia es una institución y la base de la sociedad, sin embargo, reconoció que ésta ha acrecentado sus problemáticas, entre ellas el divorcio, por lo que desde el Poder Legislativo es necesario encontrar soluciones eficaces y completas.
Una buena política, dijo, no debe intentar sustituir a la familia ni a su labor social y formativa. “El Estado no debe pretender regular la vida interna familiar ni trasgredir su autonomía, sin embargo, tampoco puede permitir que los problemas personales entre dos progenitores trasgredan el desarrollo integral de un menor en la sociedad”, sostuvo.
En este sentido, añadió, debe ser la propia sociedad y el Estado quienes deben buscar un justo medio de colaboración, cuya prioridad sea proteger al menor de cualquier tipo de violencia.
Por su parte, la diputada Verónica Juárez Piña (PRD) presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, consideró que el síndrome de alienación parental es poco estudiado.
No obstante, agregó, la Cámara de Diputados al abordar esta problemática está también comprometida a buscar soluciones a favor de los derechos de la niñez.
“Se debe legislar al respecto. Sin lugar a dudas, lo expuesto en el foro nos generará reflexiones y herramientas para orientar los trabajos de quienes estamos en la Cámara de Diputados”, concluyó.
A su vez, Lucía Rodríguez Quintero, subdirectora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indicó que la alienación parental es un asunto que vulnera los derechos de la infancia.
La manipulación que se ejerce, dijo, para desorientar, malinformar, generar daño en su estructura de personalidad, a la larga no le permitirá vivir plenamente, ni alcanzar su máximo bienestar y eso es una violación a sus derechos.
Añadió que incluso, en el interés superior de la infancia, en un proceso de divorcio, ni el juez, ni los padres pueden ejercer autoridad a un niño o una niña de tal forma manera que violenten uno o más de sus derechos fundamentales.
La representante de la CNDH afirmó que no podemos pensar en un México democrático cuando la niñez no tiene derechos o donde la niñez se concibe como una no persona, como persona a la mitad, o como no adulta.
La Convención de los Derechos del Niños establece que el principal derecho que se vulneran a partir de ejercer actos de alienación es el derecho a vivir en familia, el derecho a convivir con ambos progenitores, independientemente de que estos sostengan un conflicto.
Mencionó que a la fecha sólo cuatro estados de la República tienen definido en sus legislaciones el concepto de alienación parental: Aguascalientes, Morelos, Michoacán y Yucatán.
En este sentido, propuso a los legisladores buscar la armonización de los códigos familiares en el país y en concordancia con los tratados internacionales firmados por México.
En el foro participaron Alejandro Heredia Ávila, presidente de la Asociación Mexicana de Padres Separados; David Alonso Ramírez Acuña, del Poder Judicial de Costa Rica; Marlizete Vargas Maldonado, investigadora de la UNIT de Brasil; Sonia Rocío Gómez Guerrero, especialista en derecho de familia, de Colombia.
También, Juan Carlos García Dietze, abogado de Argentina; Luis Franco, de Uruguay y Anabell Pagaza Arroyo, de la Universidad Intercontinental, entre otros.
