En Yucatán, ya preparan todo para que en próximos días, Alberto Carrillo Esquivel y Ricardo Arturo Góngora se conviertan en la primera pareja gay que legalice su unión, esto debido a que el gobierno de Yucatán anunció que no apelará la resolución de la justicia federal, que les concede el amparo para casarse.
En un comunicado, el gobierno de Yucatán dio a conocer esta noche su postura respecto de este amparo en concreto.
“En atención a la resolución emitida en el amparo número 497/2013-I promovido por Javier Alberto Carrillo Esquivel y Ricardo Arturo Góngora, con fecha de 10 de junio de 2013, por medio de la cual se les concede el amparo y protección de la justicia federal solicitado para efecto de que no se les aplique lo dispuesto en el numeral 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán, la Dirección del Registro Civil del Gobierno manifiesta lo siguiente: “Priorizando el bienestar de la población y tomando en cuenta de que Yucatán es una entidad en donde impera el Estado de Derecho, se acatará la decisión de la juez federal y se procederá en consecuencia a atender la solicitud de Javier Alberto Carrillo Esquivel y Ricardo Arturo Góngora”.
Y es que la pareja, ya había recurrido hace unos meses a la justicia federal para poder legalizar su unión, sin embargo, las autoridades locales no lo permitían.
Con esta sentencia, Yucatán se sumó a Oaxaca y Colima, entidades donde los jueces federales han concedido amparos a favor de parejas del mismo sexo a quienes las autoridades del Registro Civil se han negado a casar. Actualmente, sólo el Distrito Federal tiene una legislación que, sin necesidad de amparos, ya avala las uniones entre personas del mismo sexo.
Pese a la insistencia, el Congreso local de Yucatán, se ha negado a descongelar la iniciativa para legalizar en la entidad las uniones entre parejas de un mismo sexo.
En esos amparos, la justicia federal ha determinado que las normas que sustentan las restricciones, y en consecuencia la negativa para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, implican una clara discriminación y, por tanto, una violación al principio de igualdad.
