Un faltal accidente vuelve a poner en evidencia la ineficacia del Istituto Estatal de Transporte de Campeche para procurar un escenario que termine con la corrupción y ordene de manera satisfactoria el transporte, donde la tibieza de los diferentes órganos de gobierno se colude con la torpeza de los responsables de velar por que se aplique la ley.
La tragedia ha afectado todas las clases sociales, pero eso no ha sido suficiente para que la institución encargada de regularlo, el IET, finalmente se ponga a trabajar. A su titular ya se le hizo costumbre estar ausente, y eso se refleja en los resultados obtenidos desde su creación.
Tras señalar que no es facultad del Legislativo, prejuzgar y que su obligación es revisar la Ley de Transporte, no así la actuación de la autoridad, Edgar Hernández Hernández, presidente de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, dijo que a ese Poder le corresponde vigilar “que se cumpla la ley”.
En conferencia de prensa al concluir los trabajos camerales de este día de la Diputación Permanente en su novena sesión, Hernández Hernández dio su opinión sobre la lamentable muerte de un anciano atropellado por un microbús de transporte urbano este martes, y señaló que debe este hecho debe ser “rigurosamente investigado por las autoridades competentes y fincar las responsabilidades correspondientes” y “exigir al Instituto Estatal del Transporte, garantizar la seguridad a todos los usuarios del servicio público y a la ciudadanía en general”.
-Esa es la opinión que puedo verter. Finalmente el Congreso no tiene la facultad de prejuzgar, finalmente esa le corresponde a la autoridad judicial, y bueno, nosotros estaremos muy atentos de la actuación de la autoridad judicial –dijo.
La amabilidad que mostró al inicio de la conferencia con los reporteros de “la fuente”, como en ocasiones anteriores, se terminó ante los señalamientos de los periodistas por las irregularidades en el servicio de transporte urbano, las violaciones a la Ley en la materia y el incumplimiento de las empresas concesionarias, entre ellas, no contar con seguro de daños a terceros.
En actitud defensiva, comentó la lectura de una propuesta presentada por un diputado local, para una consulta ciudadana con los empresarios, para “de manera obligatoria instaurar el seguro de daños contra terceros”.
Para sorpresa de algunos periodistas, dijo entonces que “dentro de la misma Ley del Transporte, quienes otorgan el servicio público de transporte están obligados a cumplir con este requisito, de contar con el seguro de daños a terceros”, admitió.
Pero no se ha hecho, señor, y los accidentes siguen ocurriendo y bueno no es la primera vez que pierde la vida una persona. Entonces ¿qué va a hacer el Congreso del Estado en ese sentido? –cuestionamos.
–Exigirle al Instituto del Transporte cumplir con lo que la ley estipula, esa es la obligación del Congreso –respondió rápidamente para luego querer ponderar la propuesta de un integrante de su bancada para reformar la Ley del Transporte, pero hasta octubre próximo, en el periodo ordinario, en el seno de las Comisiones ordinarias.
Diputado, ….¿pueden y están dispuestos a enviarle un exhorto al Gobernador para que aplique las medidas disciplinarias correspondientes a los funcionarios que no están cumpliendo con su obligación?… –cuestionamos.
-Es un asunto que vamos de nueva cuenta a abordar dentro de las recomendaciones y observaciones del Cuarto Informe de Gobierno, como así se comentó en las pasadas comparecencias.
¿Pero esperar hasta las observaciones, diputado, mientras sigue habiendo un servicio de transporte totalmente rebasado por la demanda de la ciudadanía y totalmente un riesgo para la ciudadanía? –insistimos.
En este contexto, Hernández Hernández trató de deslindarse del problema que representa el servicio de transporte urbano y el cumplimiento de la ley en la materia, para “echar la bolita” a su vecino del cuarto piso de Palacio de Gobierno.
-Eso es un asunto que el mismo Poder Ejecutivo debe asumir con responsabilidad, para dar cumplimiento precisamente al servicio que exige la ciudadanía a través del Instituto de Transporte.
¿Eso quiere decir que el Poder Ejecutivo no está realizando su verdadera función?
Al darse cuenta de su error, el coordinador parlamentario del PRI respondió:
“Yo no estoy diciendo eso, eso lo está diciendo usted, compañero; yo lo que asumo y reitero es de que debe cumplir el Instituto del Transporte con el servicio que garantice a la ciudadanía un servicio seguro, un servicio que responda a las necesidades de los ciudadanos campechanos”.
Dijo entonces, también a pregunta expresa, no tener los elementos en ese momento para emitir un veredicto sobre quien está funcionando o no.
-Eso, finalmente, quienes tienen la responsabilidad de cumplir con esa encomienda, son los que deben responderles a ustedes estos cuestionamientos, no el Poder Legislativo –indicó.
Dijo también coincidir con la postura de su homóloga panista, Yolanda Valladares Valle, quien observaba divertida los apuros del presidente de la Junta de Gobierno, en el sentido de realizar una consulta entre permisionarios, choferes, asociaciones, ciudadanos, sobre el problema del transporte.
-¡Por supuesto que coincido con mi compañera diputada!
Entonces ahora como presidente de la Junta de Gobierno, ¿lo va a promover, lo va a organizar, lo va a hacer? ¿O esperamos hasta que el Ejecutivo decida?
–No sólo como presidente de la Junta de Gobierno, sino como ciudadano; estamos obligados a revisar precisamente el actuar de las diferentes autoridades y en especial ésta que ofrece un servicio público –respondió.
Las siguientes preguntas de los periodistas hicieron caer en aparentes contradicciones al diputado presidente de la Junta de Gobierno, quien una y otra vez insistía en que no era su facultad vigilar a quienes tienen la obligación de aplicar la ley, pero también que es el Poder Legislativo el que debe vigilar que se cumpla la ley.
La Ley de Transporte que fue aprobada por los legisladores entonces ¿es letra muerta, no sirve, no funciona?
-Por supuesto que no, es la base para el funcionamiento del servicio público, lo que hay que cuidar es de que se respete la aplicación de esa ley –señaló.
Acaba de decir que es su obligación revisar esto. Si estas personas no están cumpliendo con esta revisión que usted hace, entonces ¿su trabajo no fue bien hecho?
-Pues eso le competirá finalmente…
¿Ustedes lo revisan?
-No le compete al Legislativo, insisto, el Legislativo no prejuzga, no es su facultad.
¿No es la revisión?
-Revisión de la Ley, no de la actuación de la autoridad.
¿A quién le corresponde vigilar y que se dé cumplimiento a esa Ley de Transporte que fue aprobada por los legisladores?
-Al Poder Legislativo, que se cumpla la ley (.) –finalizó.
