El gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés y el secretario de la sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Rodríguez Suárez firmaron este miércoles, una declaración conjunta en la que refrendan su respaldo a la reforma educativa y la garantía plena de que los maestros conservan íntegramente todos sus derechos laborales, beneficios y prestaciones alcanzadas.
Luego de suscribir la declaración de 10 puntos y dar lectura a cada uno de ellos ante funcionarios educativos y más de 30 integrantes del comité estatal del organismo sindical, Ortega Bernés puntualizó que ante esta declaratoria “no hay excusa, pretexto ni razón alguna para que en ningún centro educativo del Estado, se intente paralizar los servicios educativos, pues se firmó con consciencia y responsabilidad, un compromiso de apego y respeto a los derechos de los trabajadores de la educación”.
Enfatizó que el documento signado es resultado de muchas horas de diálogo que el Gobierno del Estado sostuvo con la sección 4 del SNTE, representantes legales del magisterio y docentes que presentaron preocupación e inquietud ante las nuevas disposiciones educativas.
En presencia también de los secretarios de Gobierno, Roberto Sarmiento Urbina y de Educación José Farías Maldonado, el mandatario estatal acotó que tampoco no hay nada diseñado ni legal ni extralegalmente que pudiese afectar los derechos de los trabajadores de la educación, pero enfatizó que es imprescindible el cumplimiento de la ley.
Reiteró su absoluta confianza en las maestras y maestros campechanos, para en las mil 600 escuelas que atienden en la entidad a más de 183 mil niños y jóvenes de educación básica, sigan impulsando los cambios y transformaciones que Campeche y México necesitan.
La Declaratoria suscrita hoy precisa que los maestros conservan a plenitud todos sus derechos laborales, conforme lo establece la Constitución de México, por lo que en ningún momento perderán su empleo, categoría, nivel salarial o prestaciones, salvo que infrinjan la ley.
Indica que todos los beneficios adquiridos por el personal en activo, al 12 de septiembre del 2013, serán salvaguardados; “Carrera Magisterial” seguirá funcionando, en tanto entra en vigor el nuevo programa, y que los beneficios adquiridos por el personal no serán afectados en el tránsito, sino se conservarán íntegramente.
Asimismo, asienta que la educación no se privatiza, ya que ésta seguirá siendo gratuita, laica y obligatoria, tal y como lo establece el artículo tercero constitucional y el sexto de la Ley General de Educación, por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.
Igualmente anota que las evaluaciones no serán un examen, sino procesos que considerarán todos los aspectos de la función docente, así como los contextos demográfico, social, económico, y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no es lo mismo desempeñarse en zonas indígenas, rurales, urbanas o urbanas marginadas.
La declaratoria indica que la Secretaría de Educación del Estado, con atribuciones importantes en el proceso de evaluación, será garante de que se respeten los derechos de los maestros, tendrá la obligación de fortalecer la oferta de formación continua, actualización, desarrollo profesional y cultural, y proporcionará información al organismo sindical, sobre los avances relativos a la implementación de la reforma educativa, para coadyuvar en la protección de los derechos de los maestros.
Se establece que los resultados de las evaluaciones se reservarán como datos personales. No buscan exhibir o denostar a ningún profesionista sino apoyarlo en su mejora continua, y que en ningún momento ni después de la tercera evaluación, el maestro perderá categoría, nivel salarial o prestación.
El documento indica también que ambas partes se manifiestan respetuosos del derecho de todo ciudadano que se sienta afectado por alguna disposición de la autoridad, a manifestarse o ampararse, pero que ello no implica poder afectar los derechos de terceros, como el de la niñez a la educación y de los ciudadanos al libre tránsito, entre otros.
Igualmente se precisa que los derechos consagrados de los maestros no están sujetos a la voluntad discrecional de ningún servidor público ni de alguien en especial, pues constituyen mandato constitucional y legal a cumplirse siempre, por lo que hay garantía de que será en favor de la calidad educativa y de los maestros. “Frente a la ley, no existe otra alternativa correcta más que cumplirla”, acota el texto.
Entre los puntos acordados también se señala que el Gobierno del Estado reconoce a la sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como único titular de la defensa de los intereses comunes de los docentes.
Durante el acto, el dirigente de la sección 4 del SNTE, Rodríguez Suárez refrendó el respaldo del organismo a la administración de Ortega Bernés, pues reconoció que no solamente ha trabajado para mejorar las condiciones del sector y de los docentes, sino ha implementado acciones de apoyo para los estudiantes campechanos.
“Después de haber dado los pasos —dentro del camino institucional— para analizar las nuevas leyes educativas, hemos llegado a la firma de esta declaración conjunta que refrenda los compromisos del gobierno estatal y del sindicato, para asegurar el bienestar de los trabajadores de la educación”, concluyó.
