Luego de señalar que en breve recibirá las Cuentas Públicas de los once Ayuntamientos y del Gobierno del Estado correspondientes al ejercicio fiscal 2012, Jorge Nordhausen Carrizales, presidente de la Comisión de Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, aseguró que luego de un análisis minucioso, denunciará las irregularidades que encuentre.
En entrevista en sus oficinas en el Palacio Legislativo, Nordhausen Carrizales indicó que el plazo para recibir la documentación correspondiente, vence a finales de octubre en el caso de los Ayuntamientos, y en diciembre, la del Gobierno Estatal, correspondiente al 2012, “porque se tiene que evaluar en su conjunto. La Cuenta Pública es un ejercicio fiscal”.
-A partir de ese momento entraremos en un análisis serio, detallado de cada Ayuntamiento y nos reuniremos con todo el grupo parlamentario para fijar una postura al respecto. Les puedo decir que no tengan la menor duda que vamos a aplicar todo el peso de la ley –dijo y aclaró, a pregunta expresa sobre las recomendaciones de años anteriores, que dentro de sus facultades está sancionar las Cuentas Públicas más recientes, es decir, solo 2012.
¿Y las del 2011?
-He sostenido reuniones con el Auditor Superior del Estado, Jorge Pacheco, y ahí me ha manifestado que cada una de las observaciones que siguieron su curso legal, esto está, lo que fue subsanado ya está guardado el expediente, y lo que no, está en tribunales. Es inevitable que ciertas observaciones se vayan a tribunales; hay bastantes pero pueden pasar años para que se dictaminen –apuntó.
¿Cuándo les informan de los resultados de esas acciones legales judiciales?
– La verdad es que estoy ahorita esperando contestaciones de oficios que metí al respecto. Vamos a esperar dos semanas y tener información más concreta.
Pueden pasar años para tener respuesta, pero esto es algo repetitivo, termina una Legislatura y la que viene no tiene injerencia alguna, ya no se le da seguimiento… ¿No se requieren modificaciones para que sin importar periodos, se les dé seguimiento? –cuestionamos.
-Así es, efectivamente, hay una serie de acciones que hemos tomado dijo y consultando documentos en su poder relativos al informe del resultado de fiscalización del 2011, comentó que incluye todo lo que fue auditado.
-Son 38 en total, incluyendo lo que le llaman entidades descentralizadas. Aquí cantidad de egresos, lo que se gastó en 2011, que fueron 16 mil 500 millones aproximadamente, la muestra auditada 6 mil 425 millones, corresponde casi al 40 por ciento del monto total ejercido, es la muestra que tomaron para auditar.
Agregó se iniciaron once procedimientos relacionados con la Cuenta Pública del 2011.
-Al fincarse esta determinación, quiere decir que los funcionarios públicos correspondientes no cumplieron en tiempo y forma con demostrar, se les abre una ventana de tiempo para que puedan corregir o sustentar o lo que sea que se tenga que aclarar del fincamiento de responsabilidades. Sin embargo, hubo once situaciones donde no lo hicieron, donde hay irregularidades, entre ellas la Capae, Codesvi, Colegio de Educación Técnica, Indesalud, Secretaría de Salud, el Tec., de Calkiní, Obras Públicas del gobierno del Estado. A raíz de cada uno de estos montos, inicia proceso legal.
¿Qué pasó con eso, ahí quedó?
-No, están todos corriendo su curso. Todavía no terminan porque son procesos en materia civil. Creo que ninguno, hasta donde conozco, alcanza materia penal, pero en materia civil es un proceso tardado.
¿Se está haciendo un acumulado muy grande?
-Claro y si se van para atrás…
¿Entonces, esto es un cuento de nunca acabar?
-Así es.
¿-No hay el riesgo de que pasando los cinco años de haber salido, aunque estés en proceso se finiquite el asunto por tiempo?
Yo creo que lo más delicado de este asunto y ya concretando un poco de lo que a la ciudadanía creo le interesa saber es, dónde, quién y cuándo se cometieron las irregularidades, y eso es lo que vamos a dar a conocer. Apenas me entreguen los informes, octubre ayuntamientos y diciembre gobierno del estado y demás entidades descentralizadas.
-No soy la autoridad que los va a condenar pero sí públicamente denunciarlo. La facultad de mi Comisión más que legal es política, porque está en el interés público saber quién hizo algo indebido. Moralmente estamos obligados a decirlo y estamos pidiendo castigo para los responsables, eso es lo principal –finalizó.
