“La reforma política pudo haber sido de gran calado, un gran avance para la vida democrática del país, pero el resultado fue mediocre”, señaló la legisladora Layda Sansores Sanromán, ante la aprobación de la Reforma Política con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
Y es que este martes, el Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral.
Sansores Sanromán cuestionó dónde quedó la revocación de mandato, el referéndum, la segunda vuelta, la consulta popular y publicidad oficial.
Lo más importante, dijo “es el cambio de siglas al IFE”, que costará millones de pesos y que quedó concebido sin querer ciudadanizarlo ni darle responsabilidad, pues los nuevos consejeros seguirán siendo parte del botín político en que lo convirtieron los partidos políticos, con lo que habrá elecciones menos confiables y más burocracia.
Destacó la situación de los presidentes de las juntas locales y de los 300 distritos electorales que son inamovibles desde 1990.
CREARÁN INE
El dictamen contempla la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), como autoridad en la materia, “independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño”, que contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como un Consejo General conformado por un Presidente y 10 consejeros electorales.
Además, se prevé que el nuevo organismo podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión.
También se sugiere que la organización de las elecciones debe ser una función estatal que se realice a través del INE y de los organismos públicos locales. De esta manera, “en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución”.
Dispone que ley establezca un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.
Dichas violaciones, se agrega, “deberán acreditarse de manera objetiva y material” y se presumirá que éstas son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
El proyecto también estima que en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.
Plantea que el Congreso de la Unión expida las leyes generales que regulen a los partidos políticos nacionales, así como los procedimientos y delitos electorales, a más tardar el 30 de junio de 2014, así como las normas que establezcan las “sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas”.
Se precisa que dichas denuncias serán “aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia”.
Asimismo, la reforma constitucional busca aumentar el umbral al 3 por ciento para mantener el registro como partido político nacional o estatal.
En materia política, propone que los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. Dicha postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
En los artículos transitorios, establece que la figura de la reelección “será aplicable a los diputados que sean electos a partir del proceso electoral de 2015, y a los senadores electos a partir del 2018”.
El dictamen contempla que las constituciones de los estados tienen que establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional y siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.
De igual manera, deja en claro que la reelección no será aplicable para aquellos diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este decreto.
También prevé que el Presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.
Además, sugiere la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Ministerio Público de la Federación; en este sentido se prevé que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República.
El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley y dicho remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores.
También propone que sea el Congreso de la Unión quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y que el Senado de la República haga lo propio con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Respecto de la toma de protesta del titular del Ejecutivo se busca que para el periodo que comprende del 2018 al 2024, inicie el 1 de diciembre del 2018 y concluya el 30 de septiembre del 2024 para que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024.
A nombre de la comisión de Puntos Constitucionales, su presidente, Enrique Burgos García, subrayó que la reforma constitucional en materia Político Electoral es de gran calado, toda vez que marca una nueva etapa en la historia del país, en concordancia con la indeclinable determinación de transformar a México.
Enfatizó que, al aprobar el dictamen los legisladores estarán cumpliendo con México y con el espíritu que “animó el compromiso que conlleva la protesta que rendimos al asumir el cargo de legisladores y cumplir cabalmente el compromiso adquirido con el pueblo mexicano”.
En tanto que a nombre de la comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar remarcó que todas las senadoras y senadores han construido una de las reformas más importantes del país, toda vez que se decidió concretar los primeros cambios a la estructura política del Estado mexicano.
Expuso que esta no es una reforma electoral sino el comienzo de la transformación del sistema político mexicano, toda vez que cambian las normas para acceder al poder político y establece elementos importantes para el ejercicio del mismo a través de controles constitucionales y la instauración de nuevas instituciones.
El senador priista Miguel Ángel Chico Herrera aseguró que la reforma representa semanas de trabajo y debate, de encuentros y desencuentros lo que al final del día refleja la transformación del Sistema Político Mexicano y conlleva al anhelo ciudadano de arribar a una democracia de pesos y contrapesos que garanticen la pluralidad en que estamos inmersos.
Las modificaciones de orden constitucional obedecen a la realidad política y a la competencia electoral que vive la nación, sin dejar de lado el análisis legislativo, estudios doctrinarios y de derecho comparado que coadyuvaron a lograr una reforma que nos encamina a nuevos horizontes, afirmó el también secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
Por su parte el senador Raúl Gracia Guzmán aseveró que la reforma político-electoral tiene gran relevancia en puntos sustanciales y que su punto medular es la verdadera representación ciudadana que se da en primer lugar, con la reelección legislativa inmediata y la de ayuntamientos.
La reelección es darle poder a los ciudadanos ya que con las modificaciones, el voto ciudadano emitido a favor de un partido político en una elección legislativa nunca más será despilfarrado a través de “falsas mayorías abultadas”, sostuvo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativas, Primera.
Al fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, la senadora María Verónica Martínez Espinoza señaló que esta enmienda es la más profunda de los últimos 15 años, pues responde a las demandas de la sociedad al establecer mecanismos de equilibrio en la contienda electoral y otorgar certeza en el ejercicio de la representación.
Aseguró que incidirá de manera firme en el desarrollo de procesos justos, equitativos y transparentes al crear nuevas instituciones que elevarán la calidad de la democracia a nivel federal y en las entidades del país. “Con ella la segunda alternancia que vive la historia de México permitirá avances sin precedentes en el sistema político nacional”.
Por el PAN, el senador Héctor Larios Córdova dijo que la aprobación de este ordenamiento es indispensable antes de pasar a otra reforma estructural, ya que los temas contenidos intentan avanzar en la democracia y consolidación institucional.
Manifestó que estas medidas buscan consolidar el equilibrio de poderes en los estados a través del fortalecimiento de los congresos locales, los ayuntamientos y el sistema electoral de las entidades, “pues son temas que llevan muchos años en espera y finalmente han encontrado la coyuntura para su aprobación”.
En tanto, el senador perredista Benjamín Robles Montoya consideró que el dictamen es sólo “un esbozo de lo que pudo haber sido una legislación de avanzada”, por ello, “es una lástima que teniendo una oportunidad tan grande la estemos desperdiciando con este tipo de actitudes parlamentarias”.
Nos hemos quedado a medias y con un mal sabor de boca –apuntó– por un proceso parlamentario tan irregular, tan complicado, tan difícil de explicar.
A su vez, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, sostuvo que la democracia mexicana ha tenido avances significativos en las últimas décadas, “pero nada como lo que estamos viviendo”, pues los senadores han realizado un trabajo a detalle, con voluntad política y responsabilidad para lograr un marco jurídico moderno y eficiente, que responda las demandas de la sociedad.
“Estamos –subrayó- ante un esfuerzo legislativo con todos los que se hayan querido sumar y con toda la inteligencia que se ha vertido en éste. Estamos convencidos que se han alcanzado acuerdos de un gran calado y nos dan un marco de un país moderno, sentando las bases para transitar en un régimen democrático de reglas claras, que nos permitan a los legisladores y a los ciudadanos, exigir un mejor marco político electoral”.
Por el PT, su coordinador Manuel Bartlett Díaz calificó de positiva la creación del INE, “para quitarle a los gobernadores caciques la manipulación de las elecciones, eso me parece muy bien, indispensable, porque en Puebla sacaron a un senador de la oficina del gobernador y eso ocurre en todos los estados.
Sin embargo, calificó como un “adefesio” el dictamen pues, sostuvo, se crea un híbrido, propuesto desde el Pacto por México, con un aparato nacional centralista que entra en contradicción con los organismos electorales estatales: “Es una reforma que sigue los mismos pasos de repartición de posiciones para las cúpulas de los partidos, consolidando desde la cúpula hasta el último municipio una oligarquía feroz que se ha dedicado a atacar todas las actividades y esfuerzos democráticos”.
En tanto, la senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, destacó que se da un gran avance para la democracia con la aprobación de la reforma pues se reduce y acota la intervención de gobernadores, autoridades locales y federales en procesos electorales, se limita y regula el financiamiento a las campañas, se crea un órgano nacional de elecciones con mayores facultades que da certeza a los partidos y se da autonomía de la fiscalía y al Coneval, se permite la reelección de legisladores y presidentes municipales y se abre la posibilidad de construir gobiernos de coalición, con lo que se cambia el sistema político.
Además, precisó, se busca abrir espacios, establecer mecanismos de rendición de cuentas y brindar confianza a las personas sobre el ejercicio de la función pública y el desarrollo de los procesos electorales; además constituye una respuesta de los partidos y del gobierno a la inconformidad y críticas sobre el desarrollo de procesos electorales y del funcionamiento de las instituciones.
