Por primera vez es vinculado un exgobernador de algún estado tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico.
Estados Unidos presentó dos demandas civiles, ante cortes federales, para confiscar propiedades que a decir de las acusaciones que hay en contra de Tomás Yarrington, fueron obtenidas con dineros obtenidos por su relación con cárteles de la droga.
Las propiedades en cuestión son una propiedad de 18 hectáreas ubicada en San Antonio y un condominio en la isla South Padre.
La investigación acusa al ex gobernador por usar prestanombres que figuraban como los dueños legales de estas propiedades.
Relacionado con este caso, también se acusó al empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez, sobornó a funcionarios del gobierno de Tamaulipas, para que el cártel del golfo no tuviera mayores problemas para operar durante el sexenio de Yarrington que comprendió de 1999 a 2004.
