Malversación de recursos públicos del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF), uso de vehículos oficiales para uso personal y mal trato laboral, fueron las denuncias que ex trabajadores del Instituto de la Mujer de Campeche (IMEC) realizaron en contra de la titular, Olga Angélica Tatua Sánchez.
En conferencia de prensa, tres ex trabajadores de la institución, de los cuales solo uno se identifico como Cristian Arreola Román, ex asesor jurídico, denunciaron que las metas que les impone la directora del IMEC, son ficticias, “porque esa información de atención que se da a conocer a los medios de comunicación es falsa, porque no existe y hay documentación que así lo prueba, aunado a esto los permisos que se le solicitan a la titular no son otorgados y en caso de que un empleado desee superarse profesionalmente es motivo para ser despedido”.
“Nos dicen que el mismo instituto probé de esos apoyos profesionales, pero en mi caso, quise estudiar una maestría y solicité el apoyo para poder hacerlo, pero me contestó o estudio o trabajo, argumentando que el darme un derecho a mi es dárselo a todos”, dijo Arreola Román.
Detalló que recae en Tatua Sánchez la forma en que justificará el recurso que se otorga a través del PAIMEF, “si de antemano hablamos que la información es falsa, habrá que ver cómo gastó ese recursos de 2013, hay más irregularidades, existe personal que va comisionado pero el oficio sale a nombre de otra persona, inclusive los vehículos que deben ser usados para trasladar a usuarios, no se mueven sino lo autoriza”, agregó.
Por su parte, los trabajadores que no quisieron ser identificados significaron que Tatuta Sánchez pone limitantes al momento de atender a las mujeres que han solicitado ayuda, en especial, en casos de violencia intrafamiliar, “nosotros debemos y podemos acompañarla, pero ahora ya no, estamos limitados no solo en los servicios, sino en los vehículos que son usados por su familia”.
“Los informes son claros y ahí se pueden detectar las irregularidades, ella es autoritaria y dice que las órdenes sólo las da ella. Mi salida del instituto fue por ética, no puedo seguir prestándome a estos juegos, porque al momento de comprobarlo yo no voy a poner en juego mi honorabilidad”, señaló una de las trabajadoras que intentó estudiar una maestría en Derechos Humanos y fue causa de cese.
Lamentaron que una servidora pública se conduzca de esta manera y por ello, exigieron a la Contraloría del Estado una investigación detallada del caso para evitar que se sigan mal versando recursos y ofreciendo trato indigno a la mujer.
