Operadores de transporte público pidieron al Gobierno del Estado tomar medidas para que los concesionarios del servicio de transporte público cumplan con las obligaciones legales que tienen como es el pago del Seguro Social, indemnizaciones por fallecimiento, pago de salarios, entre otros.
Encabezados por Miguel Ángel Ramírez González, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Unidos del Volante en Campeche, y del diputado petista Antonio Gómez Saucedo, señalaron que son alrededor de 500 familias en la entidad que dependen de esta actividad los afectados y apuntó solo acudieron una veintena de los 250 afiliados que aseguró tener, por temor a represalias de los patrones y despido injustificado.
-No se puede actuar con las leyes porque entre ellos se ponen de acuerdo y te cierran las puertas todas las empresas.
Indicó entregaron un oficio dirigido al Gobernador, en el que piden la revisión y presioné se verifiquen las empresas porque con la contingencia sanitaria se han dado muchos despidos de trabajadores, otros más sin servicio de medicina institucional como es el Seguro Social, con el argumento de que la situación económica es crítica.
-Eso es mentira –afirmó categórico-.No ha habido apoyo alguno y los patrones, quizá por el momento estén pasando por una situación crítica como todos los empresarios, sin embargo, ya debieron haberse organizado para sobrellevar la contingencia sanitaria y no es pretexto para no pagar, no son los únicos afectados, la mayoría de los empresarios están en condiciones similares.
En el documento que entregaron al Gobierno del Estado plantean la falta de servicio médico para el trabajador y su familia, jornadas laborales de 8 horas, pago horas extras, prima vacacional, reparto de utilidades, seguro de vida y condiciones adecuadas de las unidades para realizar sus labores.
Piden la revisión a fondo del actuar de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y se oriente a cumplir con su función de procurar la observancia de los derechos laborales establecidos en las leyes estatales y federales y verificaciones permanentes sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sistema estatal de transporte público en todas sus modalidades en territorio campechano.
