De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el 6 por ciento de los internos son mujeres y 94 por ciento hombres, mientras que los estados con mayor población son Jalisco, Sonora y Chihuahua.
A estos jóvenes se les aplica 43 leyes distintas, con penas máximas muy variables, que van desde los 3 hasta los 20 años de prisión, dependiendo el estado de la República.
El Diagnóstico de las y los Adolescentes que cometen Delitos Graves en México presentado en la Secretaría de Gobernación (Segob) por su autora, la doctora en Antropología Social Elena Azaola, advierte que los jóvenes internos viven una “muerte social”, sin sueños ni aspiraciones y sin un acompañamiento para su reinserción a la sociedad.
De acuerdo al estudio realizado, el 41 por ciento de los entrevistados sufrieron algún tipo de maltrato en su infancia, 43 por ciento tiene un familiar en prisión, 47 por ciento abandonó su casa y 52 por ciento cursó apenas algunos años de secundaria.
Ante este panorama y ante la falta de políticas públicas para recuperar a los menores que delinquen por primera vez, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que México se encuentra en un momento decisivo, casi histórico en materia de justicia para los adolescentes, con la construcción de una legislación nacional que debe buscar formas alternativas de justicia, que deje la cárcel como un último recurso.
La representante de la UNICEF en México, Isabel Crowley, señaló que los conflictos con este sector de la población se deben resolver por otras vías no penales, que resultan mucho más efectivas para promover la reintegración social de los jóvenes.
