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AMLO busca cancelar millonarios contratos de penales privados concesionados durante gestión de García Luna

Durante su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los contratos que Calderón y García Luna entregaron en ocho prisiones.

Estos contratos se otorgaron a particulares para la administración de ocho centros penitenciarios, a través de adjudicación directa, a 20 años y por miles de millones, por lo que gracias a esos contratos cada preso cuesta al erario tres mil pesos al día.

Por ello, destacó que su gobierno preparara una denuncia para cancelar los contratos con los penales privados en caso de que no se llegue a un acuerdo para disminuir los recursos que se ocupan por cada persona recluida.

Este proceso comenzó en el 2010, cuando se desarrollaba el sexenio de Felipe Calderón y aún estaba en funciones Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública.

En conferencia de prensa matutina, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que el gasto anual que se ha pagado en “estos últimos nueve años es de un total de 75,661 millones de pesos y es correspondiente a solamente 36% del pago total” de la deuda.

Dijo que aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190,638 millones de pesos que corresponderá en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037.

“Así se hace un costo total proyectado a 20 años que es aproximado de 266,300 millones de pesos”, expuso.

Criticó las altas cantidades de dinero que deben apartar para cumplir con estos pagos, pues derivado de estas responsabilidades, “de un total de 22,776 millones de pesos ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 68.3 por ciento fue para pagar a las empresas privadas, es decir, 15,562 millones de pesos”.

Declaró que el costo diario por cada interno se estimaba en poco más de tres mil pesos, mientras que por cada mes debían pagar cerca de 114,588 pesos por cada uno de los reclusos de dos centros penales privados en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, otro en Michoacán y el femenil de Morelos.

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