Con 32 de 34 votos, la LXII Legislatura del Congreso del Estado designó este jueves a Juan Antonio Renedo Dorantes como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cargo que desempeñará del 20 de diciembre del 2016 al 19 de noviembre del 2021; además de aprobaron de manera unánime las Leyes de Ingresos de seis municipios del Estado, entre otras acciones.
Durante los trabajos camerales de este día, en la penúltima sesión del actual periodo ordinario, el pleno aprobó reformas al Decreto 65 de este año; modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al Código Penal, ambos del Estado; y la iniciativa para denominar al 2017 como Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sobre los dictámenes relativos a las iniciativas de Ley de Ingresos de los municipios de Calakmul, por 231.9 millones de pesos; Calkiní, 251 millones de pesos; Candelaria con 358.6 millones de pesos Escárcega por 319.8 millones de pesos; Hecelchakán con 148.5 millones de pesos y, Hopelchén, con 221.8 millones de pesos para el ejercicio fiscal, se aprobaron sin objeción alguna de alguno de los integrantes de ese cuerpo colegiado.
Sobre el dictamen para reformar el Artículo Primero Transitorio del Decreto 65 de fecha 30 de junio de 2016, relativo a la Declaratoria de entrada en vigor en el Estado de Campeche de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se dijo es para dar mayor certeza y precisión a los alcances de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Estado de Campeche
En cuanto al dictamen relativo a la iniciativa para reformar la fracción XXXIV y adicionar una fracción XXXV al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, que promovieron legisladores locales, se dijo que tiene como propósito establecer entre las atribuciones de la Secretaría de Gobierno de la administración pública estatal, las facultades que le permitan coordinar un Centro de Supervisores de Libertad, así como prever el proceso de certificación para que las organizaciones de la sociedad civil puedan coadyuvar en la supervisión de la libertad condicionada, en términos de la legislación de la materia.
