La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 414 votos a favor, 50 en contra y 8 abstenciones, y en lo particular, las reformas a la Constitución Política en materia de telecomunicaciones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, destacó que el dictamen obtuvo votación calificada al ser reforma constitucional, y lo remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, luego de ser aprobado en lo general y particular en sus términos y con las modificaciones propuestas por la Comisión de Puntos Constitucionales y aceptadas por el Pleno.
Las modificaciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Carta Magna, tienen el propósito de fortalecer los derechos de libertad de expresión e información y establecer que el Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet.
El dictamen a la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal junto con los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, el pasado 12 de marzo, busca asegurar una competencia efectiva en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y telecomunicaciones.
Prevé también generar condiciones para incrementar sustantivamente la infraestructura y hacer más eficiente su uso, disminuyendo los precios y aumentando la calidad de los servicios, además de abrir en 100 por ciento del mercado de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y en un 49 por ciento en materia de radiodifusión.
Se acordó incluir la promoción de los contenidos de igualdad entre mujeres y hombres, lo que contribuirá a fortalecer la equidad de género, al tiempo de que se reconoce la importancia de la radiodifusión en tal objetivo, y se aclara que este principio en nada contraviene ni afecta la libertad de expresión de los medios de comunicación.
Las reformas precisan que las telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado deberá garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
De igual modo, deberá brindar beneficios de tipo cultural a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como los valores de identidad nacional.
Se crea la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órganos constitucionales autónomos, que se integrarán por siete comisionados, incluyendo el comisionado presidente, con una duración de 9 años sin posibilidad de reelección, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo federal con la ratificación del Senado.
Entre sus facultades estarán, por parte de la CFCE, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; prevenir y evitar monopolios, prácticas monopólicas o concentraciones; regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
Por lo que respecta al IFT, su objetivo será regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones; otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones (previa opinión no vinculante del secretario del ramo); sancionar a los concesionarios, y ser la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
En el dictamen se precisa que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, social y privado; serán otorgadas mediante licitación pública, asegurando el menor precio de los servicios al usuario final y no será determinante para definir al ganador el factor meramente económico. La Ley establecerá un esquema de sanciones efectivas que señalarán causal para revocación de título de concesión.
Se plantean los Tribunales y Juzgados Especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones y se especifican las reglas para las concesiones y el esquema efectivo de sanciones.
Además, se destaca que en los 180 días siguientes a la publicación del Decreto, el Congreso de la Unión deberá establecer, entre otros, los tipos penales especiales en contra de las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; regular el organismo público que proveerá el servicio de radiodifusión sin fines de lucro; regular el derecho de réplica, y establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia.
Del mismo modo, expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La Comisión de Puntos Constitucionales, dictaminadora de las reformas a la Carta Magna, presentó modificaciones que fueron aceptadas por el Pleno, con el propósito de establecer el derecho al acceso al Internet, dado que sin la inclusión expresa de este servicio quedaría incompleto el acceso de las personas a los servicios de telecomunicaciones, a tal grado que probablemente se haría nugatoria la nueva garantía constitucional.
De igual modo, se señala que será obligación del organismo público de radiodifusión dar espacio a los productores independientes, con lo que se da cauce a la obligación de dar entrada y garantizar un espacio para este tipo de productores.
Además, se indica que la inversión extranjera directa de hasta un máximo del 49 por ciento en radiodifusión, estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente.
Se argumenta que al incluir la reciprocidad en la inversión extranjera, permite que México se encuentre en una misma ventaja comercial competitiva y da la posibilidad de que agentes económicos mexicanos puedan realizar inversiones y adquirir conocimientos técnicos en materia de radiodifusión que beneficien al país.
Asimismo, se acordó que corresponde al IFT el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El IFT notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales.
Se aclara que las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, sin que el factor económico sea el determinante.
El dictamen establece que será la Cámara de Diputados la encargada de fijar el presupuesto del IFT y la CFCE, de tal forma que les permita un desempeño eficaz. Además las percepciones que reciban los comisionados de éstos órganos se deberán ajustar a lo previsto en el artículo 127 constitucional.
De igual modo, se puntualiza que los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que sean declarados como agentes económicos preponderantes no se beneficiarán de la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita, beneficio que tampoco se extenderá a los agentes económicos que tengan vínculos comerciales o de negocio con dichos agentes.
Se destaca que los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional. Además, todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales.
Para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia, el IFT sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), expresó que desde 1960 no se habían realizado modificaciones a la Carta Magna en materia de telecomunicaciones.
“Hoy tendremos un debate que establecerá sustancialmente la legislación en esta materia, que significará un verdadero avance tecnológico, social y político en el campo de las telecomunicaciones y que impulsará el desarrollo integral de la sociedad”, agregó.
Dijo que actualmente se está en un mundo globalizado donde las telecomunicaciones tienen un papel de vital importancia para todas las naciones, por lo que, “un país sin desarrollo en este sector inevitablemente está condenado al estancamiento, a la manipulación e inequidad en la materia”.
Con estas reformas, agregó, se dará un gran paso para lograr la transformación del sector, dado que se tiene el compromiso ante la sociedad de poner en marcha los cambios necesarios que conduzcan al país hacia una competitividad que permita a todos los mexicanos tener acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad y a bajo costo.
Moreno Rivera manifestó que esta reforma constitucional ha sido obtenida por el consenso de voluntades de los partidos políticos más representativos de esta legislatura; significa un gran avance en la coincidencia dentro de la pluralidad de las ideas y propuestas a favor del país.
Detalló que el artículo 6 constitucional incorpora el libre acceso a la información como un derecho inherente a todos los mexicanos; asimismo, se obliga al Estado a proveer el acceso a tecnologías de la información y comunicación, conjuntamente con los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y banda ancha.
Resaltó que a partir de esta reforma, el IFT y la CFCE se revisten de autonomía constitucional, con el objeto de garantizar la independencia funcional del Ejecutivo federal. Además, aporta elementos de vanguardia en el sector con la apertura del mercado a la inversión extranjera en condiciones de reciprocidad, en materia de telecomunicaciones, comunicación vía satélite y la radiodifusión.
Con la apertura de dos nuevas cadenas de televisión abierta, subrayó, se fomentará la competitividad que demanda la sociedad.
Indicó que las reformas se ven reflejadas en el beneficio que obtendrán los usuarios a través de una competencia equilibrada y justa entre los prestadores de servicio de televisión abierta y restringida; garantizar el acceso a Internet y a la banda ancha con la perspectiva de que principalmente los niños y los jóvenes educandos puedan tener acceso a esta infinita fuente de información.
Posicionamientos
Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza manifestó su apoyo al dictamen, pues contiene el derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información y es una oportunidad para que todos los mexicanos tengamos acceso a las tecnologías que modernicen al país y permitan una mejor educación, sin perder la rectoría del Estado.
Advirtió que quien trate de beneficiarse mediante la simulación por conducto de terceros será sancionado con la pérdida de la concesión.
En su oportunidad, el diputado Juan Pablo Adame Alemán (PAN) señaló que el artículo 7°, fracción III, de la Ley de Inversión Extranjera, establece el 100 por ciento de inversión extranjera directa en telecomunicaciones.
Indicó que con la reforma se democratiza la economía, la banda ancha, la competencia y los medios de comunicación, con lo cual se beneficiarán a los ciudadanos, particularmente a los niños y jóvenes del país al cerrar la brecha digital. “No venimos a ser personeros de ninguna empresa. Venimos a trabajar y a legislar por los ciudadanos”.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (PRD), al manifestar su voto a favor del dictamen, indicó que en todos los países del continente se permite la inversión extranjera al 100 por ciento, “lo cual ha hecho que la inversión que debiera haberse aplicado en nuestro país por Teléfonos de México, haya salido a comprar 100 por ciento de las empresas que operan en otros países, invirtiendo en infraestructura”.
Aclaró que la reforma “no tiene nombre ni apellido; va a favor de México, por el desarrollo, por el progreso y porque permitirá que el país salga adelante”.
En tanto, Federico González Luna Bueno (PVEM) enfatizó que con las modificaciones se cruzan transversalmente todos los temas y todos los servicios de las telecomunicaciones, incluyendo a la radiodifusión. Además, plantea situar al usuario en el centro del quehacer y del fenómeno mismo de las telecomunicaciones.
Estableció que “contrario a lo que se afirma respecto a que esta reforma conlleva un exagerado empoderamiento de la autoridad a costa del individuo, se fortalece a esta figura en estricta medida de lo necesario, para promover mejores condiciones de competencia entre los particulares”.
Al hablar en contra del dictamen, el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) detalló que con esta reforma se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el 49 por ciento en radiodifusión, “cuestión totalmente absurda, ya que las telecomunicaciones son de interés nacional”, sentenció.
El legislador Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) coincidió en su rechazo al artículo quinto transitorio, “porque no es conveniente dejar un 100 por ciento de inversión extranjera en materia de telecomunicaciones y comunicación vía satélite. La cláusula de reciprocidad sólo la están dejando para radiodifusión y no para este importante tema”.
En su intervención, Ricardo Cantú Garza (PT) externó que las políticas de Estado en materia de telecomunicaciones deben estar orientadas a fortalecer la identidad nacional y a elevar el nivel cultural de las audiencias. Ante ello, se pronunció en contra de la apertura al capital extranjero “hasta del 100 por ciento en comunicaciones vía satélite”.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo: “Reconocemos que esta reforma era necesaria, porque se crean dos canales nuevos de televisión, se reconocen los medios de uso social, que hay un derecho universal de banda ancha que permitirá que se tenga acceso a Internet, que se determina el must carry y el must offer gratuito y hay un proceso para eliminar los monopolios; sin embargo, las televisoras seguirán siendo un oligopolio”.
El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) indicó que esta reforma atiende un diseño estructural de la Administración Pública Federal “encaminada a garantizar las inversiones extranjeras y orientar el desarrollo nacional como una economía periférica del gran capital. A ello atiende la reforma laboral, la reforma a la ley de amparo, la reforma que hoy se aprobará, así como las reformas al sector financiero y en materia de energía que se anuncian”.
Por Nueva Alianza, el diputado Luis Antonio González consideró que con esta reforma se erradica, de una vez por todas, 50 años de retraso en las telecomunicaciones. “Este punto es de elemental justicia, es incluyente, es de hacer a todos los mexicanos iguales y dotarlos de las mismas herramientas”.
Agregó que se trata de una reforma de elemental justicia. “Es dotar a toda la ciudadanía de los canales y las carreteras de la comunicación con una simple finalidad, la de erradicar lo que hoy es una realidad en este país, el analfabetismo digital”.
Mociones suspensivas
Previamente, los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) presentaron mociones para suspender la discusión del dictamen, mismas que fueron desechadas por el Pleno Camaral.
Huerta Ladrón de Guevara argumentó que existen violaciones formales a los artículos 71 y 72 constitucionales, así como al 20 del Congreso, “porque el dictamen carece de un planteamiento del problema en forma integral y objetivo; carece de valoración de impacto presupuestal que implica la ejecución de las acciones que se presentan, particularmente en los artículos transitorios”.
Mejía Berdeja expuso que el dictamen “carece de técnica legislativa, pues 17 artículos transitorios en 21 cuartillas es una ofensa a la Constitución. Es una prueba de este manoseo constitucional que busca hacer de la Constitución un reglamento o un contrato mercantil”.
