Debido a las reformas propuestas por el Gobernador, Mario López Valdez, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, a partir de ahora queda prohibido a los medios de comunicación el acceso a zonas donde se haya cometido un delito, además de tomar video, audio o fotos a los involucrados.
Así el congreso del Estado autorizó una adición del artículo 15 bis que indica que los periodistas no podrán tener acceso a información de investigaciones realizadas por la dependencia de procuración de justicia.
“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, se lee en la reforma.
“La Ley mordaza” como ya ha sido bautizada esta reforma, también señala que en ningún caso se autorizará a los reporteros manejar u obtener por cuenta propia información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.
Así mismo, “ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del procurador general de Justicia o la unidad de acceso”.
Las asociaciones de periodistas con mayor presencia y reconocimiento en Sinaloa rechazaron la “Ley Mordaza” y dijeron que buscarán que no sea publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, ya que atenta contra la libertad de expresión.
Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dice que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es clara al respecto. “Los comunicadores y periodistas deben tener garantizada la más amplia libertad, y sin frontera alguna, para poder informar y difundir todo tipo de comunicación”.
Con esa base, solicitó al Congreso del Estado de Sinaloa que “tome cartas en el asunto” para revertir una legislación que afecta las garantías de acceso a la información, y que en el futuro el Legislativo de Sinaloa tenga conciencia para que sus leyes no vayan en contra de los derechos humanos.
