De manera unánime, diputados de la LXIII Legislatura local aprobaron este medio día la Minuta por la que da su visto bueno como parte integrante del Constituyente permanente, para que se reforme el primer párrafo del artículo 28 de la Carta Magna, en materia de condonación de impuestos, documento que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
En los trabajos camerales de este viernes, en el que se declaró cerrado el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, los representantes popular aprobaron también los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2020 de cuatro municipios que faltaba de someter al pleno: Calkiní, Tenabo, Carmen y Campeche, con la recomendación a éste último de no realizar contrataciones de personal que no cuenten con un presupuesto previamente establecido.
Una vez aprobada la reforma a la Carta Magna, el numeral modificado establece quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.
Este mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
Por lo que respecta a las Leyes de Ingresos, el pleno autorizó a Calkiní el ingreso de recursos por el orden de 305.8 millones de pesos, en números cerrados.
A Tenabo, 120 millones de pesos; Carmen, un mil 560.9 millones de pesos y, a Campeche, un mil 533.1 millones de pesos.
Como parte de los dictámenes incluidos en la agenda de este día, se aprobaron reformar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, modificaciones que establecen la incorporación de nuevos conceptos que se cobran por servicios que proporcionan las instituciones de salud pública, ante los costos de los insumos médicos y de mantenimiento de los equipos que se utilizan en cada procedimiento.
Asimismo, actualizar la tarifa por los Servicios de Educación en los niveles medio superior y superior; garantizar la función primordial del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con lo que se dará a conocer la publicidad de los actos jurídicos que lo requieren por ley y, por último, reclasificar los servicios que presta el Periódico Oficial del Estado en funciones de derecho público.
Es decir, deberán considerarse como un derecho y no como una contribución por productos.
