El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 447 votos, el dictamen que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración para fortalecer los derechos de los migrantes en tránsito por nuestro país.
La diputada Amalia García Medina (PRD) presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, destacó que si algo tiene qué hacer nuestro país es garantizar los derechos humanos de los migrantes y de sus familias, los cuales son violados constantemente por parte de grupos criminales y las mismas autoridades.
“De tal manera que estas reformas a la Ley de Migración, dijo, tienen como eje central o como corazón esencial, la protección a los derechos de todas y todos los migrantes que arriben a nuestro país”.
Al fundamentar el dictamen, la legisladora explicó que con la modificación al artículo 20 se promoverán junto con la Procuraduría General de la República, programas, medidas y acciones que garanticen la seguridad de los migrantes en el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo para cruzar nuestra frontera hacia Estados Unidos.
Adicionalmente, abundó, la reforma al artículo 25 permitirá que los servidores públicos actúen conforme a un protocolo establecido en el Reglamento de esta Ley. El cual deberá ceñirse al principio de respeto irrestricto a la dignidad humana.
En el artículo 69, dijo, se establece también la pertinencia de que las autoridades informen a los migrantes sobre todos sus derechos y sus garantías, tanto en la legislación mexicana como lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los que nuestro país forma parte.
Finalmente en el artículo 107 se establece la posibilidad que aquellos migrantes indocumentados en nuestro país que conozcan las leyes y normas para regularizar su situación, si lo desean, tengan esa posibilidad, “tal como lo estamos demandando en Estados Unidos; y, por supuesto, que los migrantes en las estaciones migratorias tengan asistencia médica, sicológica y jurídica”.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, José Everardo Nava Gómez (PRI) mencionó que al ser éste un país clave para el tránsito, destino y retorno de miles de personas indocumentadas con destino a Estados Unidos, las reformas son un gran avance para mantener a México como un promotor de los derechos humanos, en la defensa y protección de los migrantes.
Agregó que de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración un promedio de 401 mil personas cruzan nuestro país cada año. Señalan que las autoridades migratorias detuvieron a 85 mil 100 migrantes en 2012, 22 por ciento superior a 2011, cuando las autoridades arrestaron a 66 mil 583, entre los cuales se encuentran hombres, mujeres y niños.
Raúl Gómez Ramírez (PAN) indicó que en México se maneja un discurso doble: por un lado se invoca el contenido de los instrumentos internacionales que supuestamente garantizan el respeto de los derechos humanos de los migrantes y por otro se violentan sus derechos por parte de las autoridades migratorias o por grupos ciudadanos.
Por tal motivo, abundó, necesitamos contar con un marco legal, con base en los instrumentos internacionales y nuestro ordenamiento jurídico, que permita el respeto a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional. “La única manera para garantizar un trato digno a nuestros migrantes por parte de los países receptores en los que se encuentran es a través de la congruencia entre lo establecido en el marco jurídico nacional y el ejercicio del mismo por parte de las autoridades migratorias”.
La diputada Marino Miranda Salgado (PRD) dijo que de acuerdo con la Organización Internacional para la Migración, cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan cada año el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, y en el trayecto sufren con frecuencia vejaciones, maltrato, persecución, discriminación o abusos, y el cual de acuerdo con Amnistía Internacional constituye uno de los trayectos más peligrosos del mundo.
En este sentido, dijo, éstas son algunas de las reformas que requiere la Ley de Migración, pero desde luego que hacen falta otras más para garantizar que los derechos humanos de todos los que están o transitan o son mexicanos estén debidamente respetados.
Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) se manifestó a favor del dictamen para brindar un trato más digno a migrantes en nuestro país, al tiempo que demandó proteger de manera efectiva sus derechos fundamentales.
Destacó que al igual que los migrantes mexicanos, los centroamericanos que salen de su comunidad van en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias, no obstante, al transitar por nuestro país son víctimas de robo, extorsión, tráfico de personas, secuestros, violaciones y asesinatos.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) mencionó que a pesar de la crisis humanitaria que enfrentan los migrantes en tránsito por nuestro país, el gobierno federal no ha actuado oportunamente para proteger a esta población vulnerable ni para investigar a los responsables de los abusos.
La indiferencia del gobierno mexicano, dijo, resulta parte de un doble discurso o moral, ya que “con todo ímpetu condena los hechos violatorios de los derechos humanos de miles de connacionales, pero se muestra insensible ante los abusos que sufren personas de otras nacionalidades que transitan por nuestro territorio hacia Estados Unidos”.
Loretta Ortiz Ahlf (PT) destacó que durante muchos años México ha criticado de manera sistemática al gobierno de Estados Unidos de América por el trato que se da a nuestros migrantes y en igual medida, en nuestro territorio se llevan a cabo las mismas conductas o aún peores, en perjuicio de migrantes irregulares, principalmente de origen centro y sudamericano.
“Esta situación nos pone, como dice el refrán, como candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, habida cuenta de que somos muy buenos para criticar el trato violatorio de derechos humanos que se da a nuestros connacionales en Estados Unidos, y aquí replicamos las mismas conductas”.
René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) al hablar a favor del dictamen destacó que esta reforma debe ser vista como ejercicio de congruencia, porque por años hemos añorado de una reforma migratoria que dignifique y otorgue certidumbre a nuestros paisanos que residen en Estados Unidos.
Por lo tanto, abundó, el Estado debe garantizar que los migrantes en tránsito y residentes en México sean tratados, ante cualquier circunstancia, con apego a la legalidad y con pleno respeto de sus derechos humanos.
