La LXI Legislatura del Congreso del Estado, aprobó este martes el dictamen de reformas, adiciones y derogaciones a diversos numerales del Código Penal del Estado de Campeche, con lo que se aumentan las penalidades para delitos como el robo, violación, invasión e incumplimiento de deberes.
La aprobación de este dictamen fue unánime en lo general, no así en lo particular de su articulado, que recibió la negativa de los diputados de las representaciones del PT y PRD, así como del diputado independiente Manuel Zavala Salazar.
Con más de 20 minutos de retraso comenzaron los trabajos camerales, a los que asistieron 32 de los 35 diputados que integran la LXI Legislatura, luego de leer la correspondencia de los Congresos de Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California, se dio cuenta de dos iniciativas, mismas que se turnaron a Comisiones para su análisis y emisión del dictamen respectivo.
Posteriormente, la lectura y aprobación por el pleno de dos dictámenes. El primero, relativo a una iniciativa para adicionar la Ley de Registro de Centros de Población del Estado de Campeche, con lo que la comunidad de Nuevo Campeche pasa a formar parte del municipio de Escárcega.
El segundo, relativo a una iniciativa para reformar los Artículos 161 primero y segundo párrafo, 162, 163 primero y último párrafos, 184, 193 primer párrafo, 214, 218, 221 y 222; adicionar un capítulo sexto denominado “asalto” al título tercero de “Delitos contra la paz y la seguridad social” y los Artículos 181 bis, 181 ter, las fracciones XII, XIII y XIV al Artículo 193, los Artículos 214 bis y 214 ter, y derogar la fracción primera del Artículo 163, todos del Código Penal del Estado de Campeche.
Cabe señalar que la última modificación a este ordenamiento, lo realizó la LX Legislatura del Congreso del Estado, luego de un estudio y análisis que implicó varios meses de trabajo y la participación de diferentes instancias gubernamentales y jurídicas.
De acuerdo con el contenido del documento, la finalidad es incrementar la penalidad de estos cuatro ilícitos. En el caso del robo, por tratarse de uno de los de mayor incidencia, se incorpora la especificación de las figuras de comisión de ese delito atendiendo a quienes resulten víctimas menores de edad, personas con discapacidad y personas mayores de sesenta años de edad, por presentar mayor vulnerabilidad; sancionar con severidad cuando el que cometa este delito haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública o privada, pues por su condición denota el conocimiento del ilícito y su mayor grado de temibilidad ante la víctima. De igual forma será castigado el robo que recaiga sobre material, infraestructura o parte de ésta, que proporcione suministro de agua, energía eléctrica o cualquier otro servicio público o privado, en respuesta al aumento de esa modalidad de robo que produce daños en inmuebles y objetos destinados al servicio de la comunidad.
De igual manera, se hacen acreedores a mayores penas quienes encubran o reciban cosas en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto.
También se incrementan las penas en el caso de violación, considerado delito grave, para salvaguardar la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas, lo que pone a la entidad a la par con los demás estados de la Península de Yucatán, pues la que se aplica en Campeche es la más baja de la región.
-También, aumentar la penalidad a quienes incumplan con la obligación de dar alimentos, y prever que en caso de incumplimiento de obligaciones alimentarias se perseguirá por querella cuando el sujeto pasivo sea el cónyuge, concubina o concubinario, y de oficio cuando el sujeto pasivo del abandono sea cualquier otra persona respecto de quien el activo tenga la obligación de proporcionar alimentos; además de hacer más severas las penas para quienes renuncien a sus empleos o soliciten licencias sin goce de sueldo con tal de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, y sancionar a quienes con el afán de encubrir a los sujetos activos de este delito, estando obligados a informar acerca de sus ingresos, desobedezcan una orden de autoridad o informen con datos falsos –precisa el documento.
La reforma incorpora la figura de “Asalto” como delito grave, previsto en el Código Penal anterior, y se considera que tal medida abonará a proteger a las personas que transiten, pernocten o que por cualquier circunstancia se encuentren en lugares despoblados.
Finalmente, agravar la penalidad a quienes cometan el delito de despojo en grupo o grupos de tres o más personas, a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, con la finalidad de que los responsables no tengan derecho a libertad provisional bajo caución, por lo que deberán enfrentar el proceso en prisión preventiva, por tratarse de un delito perseguible de oficio. Esta modificación obedece a la necesidad de hacer valer el estado de derecho, dar certeza jurídica a la propiedad y a la posesión legítima, inhibiendo prácticas ilícitas como las invasiones.
Es en esta reforma donde los diputados de los partidos de izquierda se negaron a dar su visto bueno, aunque sí lo hicieron para el contenido general del dictamen.
La primera en inconformarse fue la diputada Ana María López Hernández, del PT, quien criticó que el contar con una ley anti-invasiones muestra que quienes gobiernan se preocupan más por afinar instrumentos legales represivos que buscar verdaderas alternativas de solución a las demandas de los campechanos.
Comparó la pena de este delito con la del de violación, que consideró están casi a la par cuestionó a los diputados si merecían el mismo rango de gravedad.
A esta queja se sumó el perredista Ismael Canul Canul, quien además señaló que se debería ver el artículo que sancione a los malos servidores públicos y no solo se les hagan amonestaciones o inhabilitaciones, por mal desempeño en el uso y manejo de los recursos públicos.
La defensa de la reforma llegó en la voz del panista Facundo Aguilar, quien indicó que la ley tiene que ser pareja para todos y no debe ir en función de ninguna condición económica pues hay quienes promueven ocupar predios o tierras, cobran 4 mil pesos a la gente que lo necesita y abusan de la credibilidad de las personas y luego las autoridades tienen problemas para llevar servicios.
No se fue sin su reprimenda de parte del perredista Canul Canul quien entre otras cosas le dijo que desconoce el marco jurídico y que con dicha reforma se pretende proteger a los terratenientes, en tanto López Hernández, en su segunda intervención en la máxima tribuna, señaló que los delitos a los que se refiere el panista, son “abuso de confianza y hay leyes para eso”.
Tocó entonces el turno al diputado independiente que este día se presentó como diputado de Morena, quien aseguró se trata de una reforma represora pues la reforma tiene dedicatoria a organizaciones campesinas y exhortó a la Mesa Agraria a resolver los problemas de invasiones.
La ultima intervención sobre el tema estuvo a cargo de la diputada panista Yolanda Valladares Valle, quien señaló que no sancionar a quienes cometen este ilícito bajo el argumento de que necesitan de un lugar para vivir, sería tanto como justificar que se roba por hambre.
Para “explicar” a sus homólogos de “izquierda”, cuestionó lo que harían si a un ciudadano se le ocurre invadir su propiedad, por el hecho de que necesitan un lugar donde vivir.
Sin respuesta alguna, se declaró suficientemente discutido el dictamen y se sometió a votación, aprobándose por mayoría.
Posteriormente, en el punto de asuntos generales, las bancadas del PRI y PAN expusieron su postura a favor del dictamen aprobado, mientras que el diputado “morenista” insistió en que la reforma al artículo 214 era para las organizaciones campesinas.
Las dos ultimas intervenciones fueron del tricolor. La primera para hacer algunas “precisiones sobre las cuentas públicas” y, la segunda, para referirse a la sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el conflicto limítrofe entre Campeche y Quintana Roo.
