Por unanimidad de 398 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 3°, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidad”, a fin de armonizar la norma con la Carta Magna y superar aseveraciones “negativas o peyorativas que se han utilizado para referirse a este grupo de personas”.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Adriana Hernández Iñiguez (PRI) indicó que es imprescindible armonizar las normas jurídicas en esta materia, no sólo con la Constitución sino con los convenios y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a efecto de igualar las oportunidades para esta población y respetar irrestrictamente sus derechos.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideró necesario adecuar, armonizar y actualizar el término capacidades diferentes al de discapacidad en el artículo 3° fracción VII de la Ley de Desarrollo Social.
En el documento se explica que el término “capacidades diferentes” no tiene fundamento etimológico, médico ni académico y causa confusión en los ámbitos jurídicos y sociales e incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Añade que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado numerosos estudios para acuñar el término que califique mejor la condición de discapacidad y superar aseveraciones negativas o peyorativas que se han utilizado para referirse a este grupo de personas.
Indica que, de acuerdo con el Censo 2010, el 5.1 por ciento de la población del país sufre algún tipo de discapacidad y ello afecta las familias en pobreza, debido a los costos médicos y de manutención, así como la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral.
Por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Cristina Olvera Barrios coincidió en que la definición lingüística correcta es “discapacidad”, para identificar a la población que vive en desventaja física. Se pronunció por eliminar el uso de términos peyorativos y crear mejores políticas y programas para garantizar la protección de los derechos de este sector.
Mencionó que de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aproximadamente 15 por ciento de la población mundial tiene discapacidad, y sólo en México, de acuerdo con el INEGI, en 2010 eran más de cinco millones de personas con esta condición.
Enseguida, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) manifestó que el término actual es visto como referencia confusa y discriminatoria, por lo que es necesario ajustarse a los instrumentos internacionales y la terminología de la Constitución.
Agregó que la ONU utiliza el término y el concepto de “discapacitados”, por lo que es necesario “ajustarnos a esa terminología y evitar confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales que han implicado retrocesos por utilizar el término ‘capacidades diferentes’ en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) reconoció que en México no se ha garantizado la atención a la población con discapacidad, ni el respeto y tutela de sus derechos fundamentales, por lo que se deben impulsar más programas de atención para ellos.
Consideró que el dictamen es un avance, pero no es suficiente, pues no se ha logrado “siquiera” darles un trato digno e igualitario, que les permita acceder a una vida con oportunidades de desarrollo.
Por su parte, la diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) aseguró que como consecuencia de la discriminación a la que son sometidos, padecen mayor pobreza, desempleo y tasas de mortalidad más altas, lo cual representa una condicionante muy seria para su desarrollo.
Se pronunció por construir políticas de desarrollo a partir de un enfoque amplio e igualitario que les permita alcanzar una mejor calidad de vida a todas las personas. Consideró que aun cuando el uso del término “capacidades diferentes” ha sido popularizado con afán de sonar políticamente correcto y no lastimar susceptibilidades, resulta impreciso porque la definición no se contempla en instrumentos internacionales.
A su vez, la diputada Josefina Salinas Pérez (PRD) apuntó que existe una inmensa desatención del Estado mexicano a personas con discapacidad y exhortó a sus homólogos a impulsar y aprobar reformas necesarias que dignifiquen sus condiciones de vida.
En ese sentido, resaltó que en el Presupuesto de Egresos 2014, se asignó un recurso para la formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud, con más de 60 millones de pesos, “los cuales esperemos se apliquen con ética y profesionalismo; seremos férreos vigilantes de que se usen de manera efectiva en beneficio de estos ciudadanos”.
El diputado Raúl Paz Alonzo (PAN) sostuvo que la reforma fortalecerá la protección de los derechos humanos y dará un paso en pro de la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad. Reconoció que existe un lenguaje erróneo peyorativo y discriminatorio en este tema, y sostuvo que es necesario aplicar un lenguaje positivo y una visión universal de la discapacidad.
Indicó que en el país la mayoría de las personas con discapacidad, alrededor de 5.7 millones, se encuentra en niveles altos de marginación y ello les hace víctimas de una doble discriminación. Llamó a hacer esfuerzos para garantizar sus derechos y buscar su plena incorporación a la sociedad.
En su oportunidad, la diputada Paloma Villaseñor Vargas (PRI), quien promovió la iniciativa, afirmó que lo principal en una ley es la claridad en el uso del lenguaje y subrayó que con la reforma se borra cualquier confusión y ambigüedad normativa.
Advirtió que las cifras de personas con discapacidad van en crecimiento alarmante “y más temprano que tarde representarán un costo social muy alto y una erogación del Estado que aún no imaginamos, si no se atienden con la prioridad y el interés que este fenómeno demanda desde ahora”.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) dijo que la atención y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, trasciende un asunto semántico o de definición, pues requiere que el Estado genere políticas transversales e integrales de atención a casi seis millones de mexicanos en estas condiciones.
Advirtió que al fenómeno de la discapacidad “se han ido sumando más personas por la violencia, la delincuencia, la polarización social y la inseguridad que vive el país”. Se pronunció por establecer una pensión para el sector, ya que a su condición se suma la exclusión, la desatención e, incluso, la desintegración familiar.
Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se envió al Senado para los efectos Constitucionales.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 3 de diciembre de 2013 a las 11:00 horas.
