Los sindicatos opositores al gobierno de Cristina Fernández paralizaron este martes las actividades en Argentina con una huelga general que, según el Ejecutivo, tiene un objetivo “político” y busca crear “zozobra” y “confusión” en plena contienda electoral.
Se trata de la segunda paralización convocada por los sindicados en lo que va de año y la quinta desde que Fernández asumió el poder.
La huelga, convocada por el ala opositora de la poderosa Confederación General del Trabajo y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), mantuvo paralizados desde primera hora los servicios de transporte público y de trenes y afectó también los aeropuertos, con decenas de vuelos cancelados, los puertos, la recogida de basuras y las gasolineras. El paro afectó también los servicios de recolección de basura.
Otras actividades, como el correo, los bancos y los colegios también se vieron impactadas. Los piquetes bloquearon los principales accesos a Buenos Aires y otras capitales del interior del país.
“El paro es total”, afirmó el secretario general de Unión Tranviarios Automotores (UTA), Roberto Fernández, en declaraciones a medios locales.
Los convocantes protestan contra las limitaciones que pretende imponer el gobierno en las negociaciones colectivas sobre los aumentos salariales de 2015 bajo el argumento de controlar la inflación. Manifestantes incendian llantas frente a la estación de autobuses de Retiro, en Buenos Aires.
En medio de la negociación colectiva de sectores claves de la economía argentina, los sindicatos piden una subida del 35%, frente al 27% fijado por el gobierno como límite. Además, exigen la reducción de los impuestos sobre los salarios de los trabajadores.
Como trasfondo de la protesta, Argentina sufre una elevada inflación que los organismos privados sitúan por encima del 30% en lo que va de año y los cálculos oficiales rebajan a un 18% por ciento. En 2014, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en un 24 %, según el Gobierno, aunque consultoras privadas estiman que la cifra real asciende a un 38,5 %.
Para el gobierno, la convocatoria tiene un objetivo “político” y no busca dar soluciones sino generar “confusión” en la recta final del mandato de la presidenta y a solo dos meses de las elecciones primarias donde se definirán los candidatos que competirán por la Casa Rosada.
