La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló irregularidades en el fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
La ASF detalló que en 2018 se destinaron 337.4 millones de pesos (mdp) para RCU Sistemas, S.A. de C.V., de los cuales 335.6 millones de pesos se ocuparon en el mecanismo de protección; 1.7 mdp a honorarios fiduciarios; así como 0.1 mdp a honorarios de auditoría externa.
Sin embargo, no se acreditó que las empresas a las que les solicitaron cotizaciones, se encontraban relacionadas con los servicios a contratar.
“Cabe señalar que RCU ha otorgado los servicios para atender las medidas del mecanismo de protección desde el año 2014”, detalló la ASF.
Los servicios solicitados a esta empresa fueron para la instalación de cámaras de seguridad de vigilancia, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, entre otros.
De acuerdo a la ASF, la entidad fiscalizada no contaba con los criterios fundamentados en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público para efectuar las adjudicaciones directas.
Derivado de un análisis, la Auditoría acotó que no se validó que el objeto y su alcance hayan sido debidamente cumplidos y devengados conforme a las características, especificaciones, términos y condiciones establecidas en éste.