La Cámara de Diputados aprobó, con 457 votos a favor, dos en contra y una abstención, reformas a la Constitución Política en materia de disciplina financiera de los estados y municipios, a fin de establecer reglas y controles para una administración responsable que evite el sobreendeudamiento y, en caso de abusos, se sancione a los responsables.
Al fundamentar el dictamen aprobado en lo general y en lo particular y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que el objetivo es solucionar la problemática del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales y municipales.
Las reformas, enfatizó, tienen como ejes rectores: el establecimiento de las bases generales para regular la deuda pública de los estados y municipios con la intención de que todas las obligaciones de pago, con independencia de cómo se denominen, queden armonizadas, homologadas y sean transparentes.
Además, en el ámbito de la planeación nacional de desarrollo, la instauración de principios básicos para lograr un desarrollo económico sostenible, así como la previsión para que el Estado vele por la estabilidad de las finanzas públicas. Asimismo, la creación de un registro público único de empréstitos y obligaciones que fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de endeudamiento público, además de brindar certeza a las operaciones que realicen dichos órdenes de gobierno.
Otro eje rector es la implementación de un control político que ejercerá la Cámara de Diputados sobre las entidades federativas y los municipios en materia de deuda pública; en este caso, esta soberanía conocerá y, en su caso, emitirá una opinión respecto de la estrategia de ajuste de finanzas públicas de los estados que tengan niveles elevados de deuda.
Se establece la facultad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar que el Gobierno Federal otorgue las garantías, con cargo al crédito de la nación, de forma adecuada, y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en el uso del endeudamiento público.
Se prohíbe expresamente que se destinen los recursos de los empréstitos a cubrir gasto corriente como un principio básico de responsabilidad fiscal, y se faculta a los gobiernos estatales para otorgar garantías a los municipios, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de los mismos, bajo condiciones financieras más favorables.
El legislador Moreno Rivera enfatizó que es lamentable que de forma recurrente en los últimos años se han presentado casos escandalosos de sobreendeudamiento en algunos estados y municipios.
Por ello, es necesario armonizar límites, criterios y principios que normen la capacidad de pago, evitando así que con el paso del tiempo la deuda de éstos ponga en riesgo la estabilidad financiera del país. Subrayó que en la actualidad la insuficiencia de los ingresos públicos de las entidades federativas para cubrir el gasto público es la principal causa del crecimiento de la deuda estatal, situación que las orilla a caer en un círculo vicioso de mayor endeudamiento para conseguir recursos suficientes para pagar la deuda pública.
Refirió que de acuerdo con un estudio de la Auditoría Superior de la Federación, hasta el 31 de diciembre de 2011 el saldo de la deuda subnacional de los registros de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y municipios ascendió a 390 mil 777 millones de pesos.
Agregó que de 2008 a 2011 se presentaron aumentos significativos en las variaciones reales de las deudas de los estados, observándose los montos más altos en 11 entidades federativas: Campeche, Coahuila Tamaulipas, Morelos, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán, Veracruz, Chihuahua y Baja California Sur.
El presidente de la Comisión, Moreno Rivera, presentó cuatro reservas las cuales fueron aceptadas por el Pleno. La primera consiste en suprimir del primer párrafo del artículo 25 lo siguiente: “Para ello procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales”. La razón es que, dijo, no debe quedar plasmado en la Carta Magna el equilibrio presupuestal.
Propuso que al final del párrafo se señale que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar el principio de estabilidad de las finanzas públicas.
La segunda reserva fue para suprimir de la parte final del párrafo sexto de la fracción II del artículo 116 la palabra “federales”, debido a que se invadían las facultades de las entidades estatales de fiscalización, pues a éstas les corresponde fiscalizar las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, no así de recursos federales.
Precisó que la tercera propuesta adiciona en la parte final del segundo párrafo del artículo séptimo transitorio: “para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiere establecido como garantía recursos de origen federal”.
Asimismo, adicionar un tercer párrafo a dicho artículo transitorio que indique: “las legislaturas de los estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público con independencia del origen de los recursos afectados como garantía en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto”.
Por último, la cuarta reserva adicionó un artículo noveno transitorio para que en la ley se establezca un programa anual de garantías por parte del Ejecutivo federal. La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PRI) comentó que el uso incorrecto o indebido de los recursos públicos, menoscaban la posibilidad de un crecimiento y desarrollo óptimo para los órdenes locales y municipales de todo el país, por lo que “México requiere un cambio en la forma en la que se gasta”. Resaltó que es ineludible generar los cambios normativos para materializar efectivamente el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos de todos los mexicanos por parte de los funcionarios federales, estatales y municipales.
En su turno, el diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) enfatizó que “ningún ciudadano, por muy gobernador o alcalde que sea, debe tener el derecho en este país de endeudar de manera irresponsable a su estado o a su municipio, arriesgando el futuro de los mexicanos”.
