La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por 24 votos en pro, uno en contra y una abstención, el dictamen de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Será discutido mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados.
El dictamen destaca que por primera vez México contará con un sistema integral y transversal, alejado de intereses personales, pues sus finalidades son muy claras: generar mejores estándares en el servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción.
Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, agrega, se podrá erradicar esa práctica que tanto daño ha causado a nuestra sociedad, y confirmar el compromiso del Estado mexicano para contar con gobiernos abiertos.
El diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la instancia legislativa, sostuvo que por un acuerdo histórico de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados se establece ese Sistema, que funcionará mediante un Comité Coordinador, integrado por siete instancias, las cuales se coordinarán y tendrán nuevas facultades.
Apuntó que se reforman catorce artículos de la Constitución: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79 104, 108, 109 113, 114, 116 y 122, que definen las principales tareas de la Secretaría de la Función Pública; la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción; el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el titular del Tribunal de Justicia Administrativa; el titular del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI); y los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana.
De esta forma, a los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito se les podrá seguir el procedimiento civil de extinción de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal del delito cometido, precisó.
Informó que se elimina el principio de anualidad, con lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá auditar en tiempo real, ya que solo podía auditar dos años atrás. Actualmente rinde un informe general que se denomina ejecutivo, y con la reforma habrá informes de carácter individual.
Podrá auditar fondos y fideicomisos no sólo públicos sino también privados que manejen recursos federales. Se permite que la ASF fiscalice a los órganos autónomos.
Referente al titular del Tribunal de Justicia Administrativa se le confieren mayores facultades, “sancionará tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves”.
Las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos consistirán en amonestación, suspensión e inhabilitación, además de sanciones económicas de acuerdo a los daños y perjuicios patrimoniales que causó, por lo que también se modificó el artículo 114 para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a siete años.
Respecto al Comité de Representación Ciudadana, indicó que estará integrado por 5 destacados ciudadanos que hayan contribuido a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
