Desvío de recursos, pagos no ejecutados y documentación incompleta son algunas de las irregularidades detectadas a los 17 ex funcionarios municipales sancionados por la Dirección de Contraloría del Ayuntamiento de Campeche, entre ellos, el ex alcalde Carlos Rosado Ruelas, quien fuera notificado al medio día de este viernes, de su inhabilitación a cargos públicos por un año, esto por incurrir en acciones que dañan a la administración pública.
La inhabilitación del ex alcalde fue confirmada por el mismo Rosado Ruelas a través de una llamada telefónica a un programa de televisión de un medio de información local, donde aseguró haber recibido un documento sellado por la comuna, mismos oficios que proporcionó a los comunicadores y que mostraron a la audiencia; aunque el ex servidor público aseguró que la inhabilitación no es válida si no viene de la Auditoria Superior del Estado.
Mientras tanto al concluir el análisis de la primera etapa de investigación, la cual contempla 14 de los 17 procedimientos iniciados, la Contraloría Municipal determinó inhabilitar a 10 ex funcionarios, aplicar sanciones resarcitorias a dos, amonestar a tres y multar a otros dos más, de acuerdo al principio de proporcionalidad y de los salarios de los servidores públicos involucrados, es decir, la multa se aplicó con respecto a la falta cometida y el salario que percibía como servidor público.
Sin revelar nombres para no violentar la ley, la contralora Paula Flores Alcalá señaló que una vez que las sentencias administrativas causen estado se podrán dar a conocer nombres de los ex servidores públicos sancionados; “no se está protegiendo a nadie, hay disposiciones que marcan la estricta reserva de los datos personales de los funcionarios que están involucrados en estos procesos y con la debida oportunidad se darán a conocer los nombre de estos servidores públicos”.
Los sancionados son desde directores, subdirectores y jefes de departamento, quienes no justificaron pagos no ejecutados, obras inconclusas, conceptos pagados no ejecutados y desvío de recursos federales etiquetados.
“Las multas van desde los 300 mil pesos y las inhabilitaciones por seis meses o un año, Seis meses y un año, además hay dos casos que podrían derivar en denuncias penales, pero correspondería a la consejería Jurídica determinarlo”.
Detalló que la segunda etapa de la investigación aún no tiene fecha de conclusión ya que “es complicado dar tiempos a los procedimientos, todos y cada uno de ellos son muy particulares desde la notificación, las audiencias, la presentación de las mismas, el desahogo al convocar a un servidor, tenemos que mandar a llamar derivado de esa audiencia a alguien más, entonces la verdad que los plazos varían según cuando se inicien y vayan los trabajos de esta dirección”.
