El informe preliminar del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados en el caso Tlatlaya, Estado de México, sugiere que existe una línea de investigación que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares, por lo que la cadena de mando no habría estado implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios.
Aunque la ejecución fue realizada por elementos del Ejército Mexicano, ésta habría sido ordenada por un grupo de civiles, quienes podrían formar parte de la delincuencia organizada o incluso ser mandos medios del gobierno del Estado de México.
El documento revela también que no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando, entre el comandante de la XXII Zona Militar de la Sedena y el sargento responsable directo del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares, más allá de los ocho elementos que realizaban el patrullaje.
Los diputados enfatizaron que la falta de una conclusión definitiva, es consecuencia directa de la alteración de elementos y de la escena de los hechos, así como del desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original.