Con 30 votos a favor de los diputados del PAN, PRI y Panal, la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen que rechaza la petición de los legisladores de los partidos de izquierda para exhortar a los once Ayuntamientos a presentar ante esa soberanía, un informe detallado sobre el estado que guardan sus finanzas, lo que provocó el reclamo de los representantes del PT, PRD y Movimiento Ciudadano.
En la sesión ordinaria de este jueves, que comenzó más de 20 minutos después de la hora reglamentaria, se dio entrada a dos iniciativas, la primera para reformar el párrafo primero y adicionar el párrafo quinto al artículo 221 del Código Penal del Estado y, la segunda, iniciativa que regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Campeche, ambas propuestas se turnaron a las Comisiones respectivas para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
Previamente, se dio lectura a la correspondencia que envió el Congreso de Quintana Roo, el Senado y la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la agenda, el punto fuerte del día estaba en el dictamen de la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública relativo a la propuesta de punto de acuerdo que presentaron en octubre del 2012, en bloque, las representaciones del PT, PRD y Movimiento Ciudadano, que motivo el debate con integrantes de la bancada priísta, bajo la supervisión de su coordinador.
En la argumentación, el documento señala que los Ayuntamientos informan anual y de manera trimestral sobre el ejercicio de la deuda pública y la situación que ésa presenta.
Por ello, los diputados Manuel Manrique Mendoza, Pablo Sánchez Silva y Adda Luz Ferrer González, del PRI y, Francisco Romellón Herrera y Facundo Aguilar López, de Acción Nacional, que integran la Comisión encargada de su análisis, determinaron que “es innecesario” exhortar a los Municipios pues por mandato de ley cumplen con la obligación de informar anualmente y trimestralmente al Poder Legislativo sobre el estado que guarda la deuda pública.
De igual manera, que la Secretaría de Finanzas en su último informe trimestral de marzo pasado, como institución encargada de concentrar esa información, señaló que asciende a 191 millones 866 mil 606 pesos, por lo que se declaró improcedente la propuesta.
En el debate, en contra del dictamen se manifestaron los diputados Manuel Zavala Salazar, Ismael Canul Canul y Ana María Lópéz Hernández, mientras que a favor lo hicieron los priistas Manuel Manrique Mendoza y el panista Jorge Nordhausen Carrizalez.
A pesar de la invitación a reflexionar, de que con ese dictamen la Legislatura evidencia como se legisla en contra de los intereses de la población, que no se da información real de la deuda pública que tienen los Ayuntamientos al solo reportar 191 millones de pesos pues tan solo en el caso del municipio de Carmen, se habla de una deuda de cientos de millones de pesos, sin contar Campeche.
De igual manera, se cuestionó al presidente de dicha Comisión, Manuel Manrique del por qué transcurrieron ocho meses para tener una respuesta a su planteamiento, y cuántas reuniones celebraron para analizar su planteamiento, el retraso y la diferencia de actitud para resolver asuntos sin importancia como trasladar una estatua de un lugar a otro.
El aludido, a favor del dictamen, arremetió contra su antecesor para señalar, una y otra vez, que su homólogo de Movimiento Ciudadano siempre tiene el mismo discurso para descalificar.
No valieron discusiones, ni señalamientos, acusaciones y calificativos. El dictamen se aprobó con 30 votos a favor, del PRI, PAN y Panal y, 4 en contra, del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Posteriormente, en el punto de asuntos generales, hicieron uso de la más alta tribuna en el estado, los diputados Yolanda Montalvo, quien presentó un punto de acuerdo para que los Ayuntamientos creen la Dirección de Asuntos de las Mujeres; de Zavala Salazar quien dio a conocer su declaración patrimonial que incluye un vehículo, dos tarjetas de débito y otras más de crédito y exhortó a sus homólogos a hacer lo mismo; Jesús Quiñonez Loeza con una iniciativa para reformar el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, Juan Carlos Lavalle Pinzón, quien se refirió a la creación del Instituto Nacional Electoral, planteamiento contenido en la reforma político electoral como parte del Pacto por México.
Minutos antes de concluir los trabajos camerales, los diputados Ana Paola Avila, José Suarez Castellanos y Humberto Manuel Jesús, solicitaron y pidieron permiso para ausentarse del recinto oficial de sesiones.
