Las personas que se seleccionen como consejeros ciudadanos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Campeche (Cotaipec), no tendrán facultad alguna sobre las decisiones que tomen los comisionados en materia de sanciones que decidan aplicar a sujetos obligados, sólo podrán opinar sobre el ejercicio de los recursos, operatividad de los programas, etc., aseguró Mario Alberto Puy Rodríguez, secretario ejecutivo de la Comisión.
En entrevista, dijo se deben diferenciar dos temas. En el caso de la convocatoria, “fue lanzada en estricto apego a lo que dispone la Ley estatal de la materia, derivado de la armonización legislativa que mandata la ley general. En este caso se están estableciendo todos y cada uno de los requisitos que se necesitan para poder garantizar la conformación de un pleno al interior de la comisión, que cumpla con todos los principios rectores en materia de transparencia”.
-En cuanto a las mayores facultades, eso también es derivado de la Ley General de Transparencia y una de esas facultades es el de poder sancionar a sujetos obligados, que cumplan con las disposiciones de la ley en la materia; tiene algunas particularidades este procedimiento, porque vamos a tener como Comisión, la facultad para imponer esas sanciones pero la parte ejecutora, quién las va a aplicar directamente, dependerá de las autoridades competentes, dependiendo del tipo de sujeto obligado. Pero esto abona a fortalecer y consolidar este estatus de la Comisión como un organismo público autónomo.
Descartó que los Comisionados se extralimiten en sus facultades o desconozcan las normas legales, pues indicó, la ley es clara y hay los procedimientos bien descritos en la normativa en la parte legal “y van a existir lineamientos y reglamentos que van a derivar, que van a acotar perfectamente cuáles son las funciones, atribuciones y los alcances de cada uno de los Comisionados y de lo que es el pleno”.
-Ahora bien, por la parte de que pudieran desconocer en un momento dado la materia, para eso está el personal operativo. En este caso la secretaría ejecutiva, que es la encargada de asesorar y coordinar todos los trabajos operativos y ejecutivos de todas las direcciones para poder desarrollarlos y llevarlas a buen puerto en todos los procedimientos de acceso, datos personales, archivos públicos y cumplir de manera cabal con lo que marca la normativa aplicable.
Finalmente, sobre la creación de un grupo de consejeros ciudadanos que estarán pendientes de su labor, dijo que vienen a completar un esquema de vigilancia al interior.
-Ya contamos con una Contraloría interna. Sin embargo, este consejo de carácter ciudadano viene más que nada a emitir opiniones, opiniones que son no necesariamente vinculatorias, sino que son opiniones para poder ejercer los recursos, opiniones con respecto a la operatividad de los programas, etc. Tendrán su propia forma de operar, de trabajar y sesionar, incluso.
¿Pero no para decirles si deben o no sancionar a un ente público?
-No, no, claro que no. En ese caso las atribuciones están muy marcadas y en ese caso el consejo consultivo tiene muy establecidas sus facultades al interior, puntualizó.
