Cuatro servidores públicos más, presuntamente implicados en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán” fueron acreedores del auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado por la comisión de delito o delitos contra la salud, previsto y sancionado en el artículo 150 del Código Penal Federal.
La aportación de nuevo material probatorio por la Fiscalía, permitió a la autoridad jurisdiccional concluir, en esta etapa procesal, que a las 20 horas con 52 minutos y 14 segundos, del pasado 11 de julio de 2015, no hubo falla en el sistema de monitoreo de la celda 20 de área de tratamientos especiales del citado Centro, donde se encontraba Joaquín Guzmán Loera.
Los cuatro servidores públicos, en el desempeño de sus respectivas funciones, “no atendieron a los protocolos de seguridad ni a la normatividad a la que estaban obligados; no informaron oportunamente de la evasión y ante ese hecho, los que estaban obligados a hacerlo, no activaron ‘el código rojo’”, a pesar de que contaban con los medios tecnológicos para ello, los cuales funcionaban adecuadamente, es decir, el equipo de monitoreo con audio y video y el de radiocomunicación.
Lo anterior, permitió al juez de la causa considerar que los cuatro funcionarios públicos (dos del CISEN y dos del Centro de Control de Monitoreo, comisionados y adscritos, respectivamente, al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México), favorecieron la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “el Chapo Guzmán”.
A la fecha, la causa penal 48/2015 se instruye a un total de siete servidores público.
