Un total de 2 mil 800 funcionarios públicos cumplieron con su declaración patrimonial al concluir el plazo, informó la contralora estatal, Alicia Crisanty Villarino, tras señalar que aún está pendiente determinar si existen irregularidades, en el 10 por ciento de servidores que se encuentran bajo investigación.
Del universo total de funcionarios, el 50 por ciento lo hizo vía electrónica, el 45 por ciento de manera escrita y el 5 por ciento lo mandó a través de correo postal. En este periodo, se presentó la baja de tres funcionarios que concluyeron su encargo, además de movimientos de personal en diversas secretarías.
“La declaración patrimonial sirve para tener un informe de su status de sus bienes en un momento dado. Cuando un funcionario tiene una denuncia es un parámetro de medición para checar sus bienes con respecto a los ingresos que se tiene. En el caso que dice hay una irregularidad, tenemos que ver de dónde viene los ingresos, se hace todo un análisis y justificar el motivo”, destacó.
Aunque los funcionarios cumplieron, aún tienen la obligación de informar los movimientos en su patrimonio, en especial, funcionarios de Obras Públicas que tienen iniciado algún proceso de investigación.
