Al menos 39 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -quienes participaron como negociadores con las Secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda- cobraron 3 millones 713 mil 963 pesos, a pesar de que la Ley General del Servicio Profesional Docente lo prohíbe. Lo anterior significa que cobran, en promedio, 31 mil pesos cada mes.
El artículo 78 de dicha Ley -que entró en vigor el 10 de septiembre de 2013- precisa que quienes decidan desempeñar un empleo, cargo o comisión que les impida cumplir con su trabajo como profesores, deberán dejar las aulas y también dejarán de percibir su sueldo como maestros.
Sin embargo, según los registros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) -la bolsa de recursos mediante la cual el gobierno federal administra el pago de la nómina magisterial- en el primer trimestre del año los 39 maestros cobraron un total de 3 millones 713 mil 963 pesos.
Con la creación del Fone, el gobierno federal pretendía limpiar la nómina magisterial de prácticas poco transparentes, como el pago de comisionados y aviadores o el uso de los recursos destinados para operar la educación en los estados para fines distintos.
Empero, los nombres y rúbricas de estos 39 profesores de la disidencia están asentados en ocho de las 18 minutas que dan cuenta de las negociaciones que desde 2013 han llevado a cabo con los gobiernos federal y de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
