José Guzmán Chi, diputado del Partido Nueva Alianza en el Congreso del Estado de Campeche, señaló que el consumo sin control de bebidas alcohólicas afecta sin distingos a todos los estratos sociales y regiones del país y ha mostrado que en México el consumo aumentó con él, la proporción de personas afectadas y destacó que en la población de 12 a 65 años de edad, la prevalencia paso del 65.4 por ciento a 71.3 por ciento.
-Es por eso que presentamos ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo para que se destinen más recursos para el combate a este problema de la sociedad, indicó. Pero también denunciamos que hay maltrato hacia los familiares de quienes son detenidos, y se opera sin que la sociedad tenga pleno conocimiento del reglamento de actuación.
-En el país mueren más de 24 mil personas al año por percances vehiculares de los cuales el 28 por ciento son jóvenes con edades que van de los 15 a los 29 años –puntualizó-. Es la primera causa de muerte de las personas que están en este rango de edad, lo que es realmente preocupante.
Recordó que el Congreso local ha aprobado medidas legales que regulan el consumo de alcohol y añadió que se faculta al personal de Seguridad Pública para que, entre otras acciones, detengan a los conductores de vehículos para aplicarles pruebas rápidas que permiten detectar los niveles de alcohol y actuar en consecuencia como es detener a los que superan los niveles permitidos y someterlos a revisión, además de asegurar los vehículos.
-Esto hace que deban contar con personal capacitado para el contacto respetuoso y actuar apegados a lo que establecen los derechos humanos, es decir, ser respetuosos de éstos con los conductores en general, los infractores o quienes acudan a buscar información en los lugares de confinamiento, señaló.
-Hoy es una realidad que se hacen operativos y se consuman las revisiones. Sin embargo, hay reclamos de la ciudadanía y fue por eso que en la máxima tribuna les dimos voz para señalar que quienes buscan información de los detenidos, reciben un trato de desdén y malos tratos por los servidores públicos responsables de su ingreso, o se les mal informa, entre otros.
-Además, se actúa sin que la sociedad tenga pleno conocimiento del reglamento y de la ley, lo que debe resolverse de inmediato pues esto no exime a los ciudadanos de su aplicación, concluyó.
