El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD) se manifestó por actualizar la Ley General de Deuda Pública para que se obligue a los contratantes a informar el beneficio social o productivo de ésta, y que el Congreso de la Unión conozca sus aplicaciones.
Hizo votos para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haga una revisión integral sobre la deuda y solicitarle un informe de la política en la materia, con la finalidad que la Auditoría determine el riesgo de su incremento por rescates financieros asociados a una deficiente regulación del sistema financiero.
En el análisis de la Cuenta Pública 2011, en materia de Función de Gobierno y Hacienda y Crédito Público, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, adelantó que en próximos días se presentará una propuesta sobre una Ley de Control Integral de la Deuda Pública.
Pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea más estricta en el registro de los recursos que ingresan y, sobre todo, a donde salen, e hizo votos para que se haga una auditoría a los 22 municipios y 15 estados más endeudados del país. “No debemos caer en el recurso fácil del rescate o del calificativo de corrupción, sino ubicar por qué se está dando la deuda”.
Al respecto, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez detalló que de 2006 a 2011, la deuda pública registrada de las entidades federativas y municipios se incrementó de 48.7 a 79.1 por ciento como proporción de sus participaciones.
Por ello, dijo a diputados integrantes de la Comisión, es necesario que los gobiernos federal y estatales analicen posibles soluciones estructurales que mejoren su capacidad recaudatoria y coadyuven a un prudente uso del endeudamiento.
De igual modo, José Luis Muñoz Soria recomendó a la ASF proponga metas cuantitativas que indiquen la calidad de la ocupación en términos de estabilidad y remuneración a efectos de evaluar los resultados de la Reforma Laboral, aprobada el año pasado.
Afirmó que en materia de finanzas públicas, es recomendable que la Auditoría haga una evaluación de las reformas estructurales desde 1983 a la fecha, para ver en qué han fallado como promotoras del crecimiento y en términos de los objetivos y metas.
Lo anterior, a fin de fortalecer a las finanzas públicas mediante una recaudación tributaria efectiva, progresiva y justa, e incrementar la participación de la masa salarial para promover un mercado interno sólido.
La diputada del PRI, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, afirmó que los paripasos están en desuso debido a que la Federación aporta la parte que le corresponde, pero los gobiernos subnacionales lo dan en parcialidades o no contribuyen.
El diputado Kamel Athie Flores (PRI), quien preside la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, dijo que en el 2011 hubo 4 mil 500 millones para atender siniestros ocasionados por sequía e inundaciones, sin embargo, los recursos no fueron entregados a 10 entidades.
Solicitó conocer si la ASF mide los impactos que ocasionan las obras que se dejan de hacer por la devolución de los paripasos, ya que muchos de ellas, añadió, están destinadas al saneamiento de aguas residuales en las comunidades.
También del PRI, las diputadas Socorro de la Luz Quintana León y Elsa Patricia Araujo de la Torre pidieron datos sobre la regularización de las casas de juego, toda vez que existen 298 establecimientos en operación y tan sólo 97 permisos vigentes.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) preguntó qué porcentaje de observaciones son solventadas y cuántas justificadas, si el daño es financiero y si hay respuesta y de las promociones de responsabilidad administrativa.
De la misma fracción parlamentaria, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles mencionó que el análisis de las observaciones de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), no permite conocer cuáles son graves y cuáles no, así como las que son meramente administrativas.
Se manifestó por mejorar la aplicación de los recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el tema de jubilaciones y fideicomisos, y preguntó sobre los recursos que otorga Financiera Rural en donde el crédito que maneja va del 7 al 16.5 por ciento, pero la ASF informa que las empresas intermediarias aplican estos créditos con un margen del 13 al 60 por ciento a los programas productivos del campo.
Por el PRD, la diputada Alfa Eliana González Magallanes, consideró que el SAT y la SHCP no están coordinados para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de permisionarios de casas de juegos y sorteos lo que, advirtió, genera deficiencias en su control y el riesgo de que realicen actividades no autorizadas u omitan el pago de contribuciones.
“Este problema de falta de control se suma a la preocupación de un importante sector de la sociedad por la operación de casas de juego, la asociación de la delincuencia organizada y los riesgos del lavado de dinero”, abundó.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Víctor Manuel Bautista López cuestionó que existen diferentes montos reportados de endeudamiento en entidades y calificó como preocupante que en el Poder Legislativo se haya detectado falta de transparencia y rendición de cuentas respecto de la aplicación de los recursos.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), acusó que los subsidios al precio de luz y gas L.P. han propiciado consumos excesivos y desperdicio de energía, además que la política de apoyo no se centra en el sector social más necesitado.
“La naturaleza de subsidios lejos de apoyar a bajos sectores sociales ha beneficiado al sector de alto ingresos, siendo para ellos 46 por ciento de los subsidios; familias de mayores ingresos reciben un apoyo de 498 pesos mensuales para gas L.P., mientras que familias de bajos ingresos es de 58 pesos”, afirmó.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) se pronunció por evitar un manejo discrecional de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pidió conocer cuáles son las recomendaciones de la ASF para evitar esa situación, en el marco del análisis de la Ley de Ingresos.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, mencionó que las revisiones practicadas fueron 138, que representaron el 12.4 por ciento de las efectuadas en la Cuenta Pública 2011; se formularon 453 observaciones, que generaron 752 acciones, y el monto de las recuperaciones fue de 145.9 millones de pesos (mdp) y están por justificarse o recuperarse otros dos mil 802.9 mdp.
Respecto al papel regulador del Estado, afirmó que es indispensable establecer mecanismos de control que garanticen a la población la óptima operación de los servicios a cargo de terceros, públicos o privados, que cuentan con concesiones, permisos, autorizaciones, licencias o funciones delegadas.
Un ejemplo de ello, puntualizó, es la necesidad de una eficaz inspección de las casas de juego, para lo cual se debe concluir la conformación de la base de datos que establece el reglamento de la ley Federal de juegos y Sorteos.
Afirmó que la seguridad pública sigue siendo una grave preocupación social que corresponde al Estado resolver, no obstante los esfuerzos en el área de prevención del delito mediante la profesionalización de los cuerpos policiales, la incorporación de tecnologías de información y sistemas de inteligencia, un mejor equipamiento y coordinación a nivel nacional.
La procuración de justicia, agregó, carece de credibilidad pública, lo cual inhibe la denuncia ciudadana e impide tener una idea clara de la magnitud de la actividad delictiva en el país.
Portal Martínez detalló que a nivel federal, la tasa de crecimiento de los ingresos no petroleros es menor que el gasto neto presupuestario. Brecha que se compensa con los ingresos petroleros que están en función del nivel internacional del precio del barril, y que, por lo tanto, son volátiles.
Esta situación, afirmó, genera un déficit presupuestario que necesita ser cubierto con deuda pública. Por ello, agregó que es necesaria una reforma fiscal que establezca un esquema tributario que simplifique y eleve los ingresos tributarios no petroleros, con el fin de dar suficiencia al gasto público, reducir el endeudamiento y asegurar la sostentabilidad de la deuda pública.
Dijo que entre las oportunidades de mejora del ingreso, se encuentra el rubro de los gastos fiscales, los cuales no se proyectan adecuadamente, lo que impide cuantificar su impacto en la recaudación como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Además, se requiere que en su cálculo se incluya a los subsidios a la gasolina y los estímulos fiscales.
Respecto a los esquemas de apoyo a los precios y tarifas de las gasolinas y el diesel, del gas LP y del consumo de energía eléctrica, que en 2011 significaron un impacto a las finanzas públicas de 280 mil millones de pesos, agregó que estos tendrían que ser revisados a la luz de los beneficios que generen a los consumidores, ponderando su efecto en la inflación.
En relación con los estímulos fiscales, la ASF considera necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente una evaluación integral del impacto de los resultados económicos y sociales en los diferentes sectores que los conforman, a fin de tener un análisis que apoye las decisiones sobre su continuidad o mejora y evitar su opacidad.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe vigilar el cumplimiento del decreto mediante el cual se otorgaron beneficios fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las entidades federativas.
El titular de la ASF resaltó que para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, se requiere contar con una mayor calidad del gasto, mediante mecanismos como el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño.
A fin de contribuir a regular el crecimiento de la deuda local, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe normar el financiamiento que otorgan las instituciones financieras a los gobiernos locales se ajuste a las sanas prácticas bancarias, independientemente de la garantía real sobre participaciones federales.
Entre los distintos proyectos reportados, relató que uno de los de mayor relevancia fue la construcción de la “Estela de Luz”, en donde la ASF asumió el compromiso de llevar a cabo un trabajo técnico escrupuloso, y por ello, se efectuó un informe integral y simplificado del proceso y resultado.
A su vez, el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Alejandro Romero Gudiño señaló que dos de cada diez auditorías practicadas en funciones de Gobierno tuvieron dictamen negativo y cuatro de cada diez fueron opiniones con salvedades por irregularidades determinadas.
Indicó que este análisis permitió detectar que hay un vínculo directo que va del crecimiento de la deuda pública a las crisis económicas recurrentes, y se constató el acelerado aumento de la deuda pública del Gobierno federal al pasar de 2.3 a 5.1 billones de pesos entre 2006 y 2011.
Se identificó alertamiento en la evolución de la deuda subnacional en donde 13 estados concentran el 81.4 por ciento de las obligaciones financieras. Además de la permanencia de subejercicios no subsanados y la discrecionalidad en transferencias y adecuaciones; la ineficiencia de ingresos tributarios para financiar el gasto público.
De igual modo, la baja capacidad de recuperación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de créditos fiscales; opacidad en la determinación de subsidios a la energía eléctrica, y la estimación del efecto total del costo de la reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2008, ubicado en 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2008.
Resaltó que otras funciones de gobierno destacaron temas como las irregularidades en Gobernación en materia de supervisión y vigilancia de las casas de juego; la falta de una política integral de combate a la corrupción; el incumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia de la construcción de la “Estela de Luz”.
Respecto a paripasos, Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de Desempeño de la ASF, explicó que en el presupuesto que los estados aprueban no contemplan la parte que les corresponde de estos proyectos debido a una falta de coordinación además del retraso en la entrega de los recursos.
Ricardo Miranda Burgos, titular de la dirección general de Análisis e Investigación Económica de la ASF aclaró que, según la práctica internacional, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) no se consideran deuda pública, sino que tienen el propósito de abrir un espacio fiscal para proyectos de infraestructura de largo plazo que van desde los 18 a 24 años.
En cuanto a casas de juegos, el director general de Auditorías Especiales, Eduardo Gurza Curiel, dijo que la base de datos de la Secretaría de Gobernación se encuentra mal integrada, sin actualización y no reúne los requisitos.
Dijo que la coordinación en contra de lavado de dinero no sólo debe ser por parte de la Secretaría de Hacienda, sino de los diferentes niveles de gobierno, a través de la supervisión, revisión y operativos, sin embargo precisó que en la parte del pago de derechos por parte de los permisionarios es correcta por lo que desestimó que se necesite una coordinación entre la SAT y la SHCP en ese ámbito.
Aclaró que los apoyos a las tarifas de Luz y de Gas L.P., no cumplen los criterios de objetividad, temporalidad y equidad, lo que los hace poco claros, además que los esquemas no se aprecian de forma clara dentro del PEF, por lo que no podrían considerarse subsidios.
El director general de Auditoría Financiera Federal “A”, Fernando Cervantes Flores, resaltó que la Segob cuenta con 43 supervisores para atender a mil 661 permisionarios de casas de juegos lo que implica el riesgo de que realicen actividades no autorizadas.
Javier Pérez Savedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero y Fernando Cervantes, expusieron que los recursos otorgados por 4 mil 500 millones de pesos para la atención de la sequía e inundaciones no estuvieron sujetos a ningún paripaso, sin embargo la Segob y SHCP optaron por una distribución distinta de los recursos mediante créditos a 20 años, con intereses del 8 por ciento anual.
José Miguel Macías Fernández, auditor especial de Tecnologías e Información de la ASF, precisó que en 2011 hubo un total de 9 mil 865 acciones promovidas por la dependencia de las cuales 5 mil 312 fueron recomendaciones y mil 27 fueron recomendaciones de desempeño; en las primeras deben acreditar que hubo mejoras derivadas de la recomendación.
