Se aprobó el dictamen de reformas constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Los legisladores desecharon una a una las 35 reservas presentadas y el dictamen se aprobó en los términos en que fue enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Ahora será enviado al Senado para su análisis y de ser aprobado deberá ser aprobado posteriormente por la mitad más uno de los Congresos locales.
El documento establece un Sistema Nacional Anticorrupción encargado de coordinar esfuerzos para implementar políticas transversales en materia de control, prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad; y plantea fortalecer a la actual Secretaría de la Función Pública en cuanto a la prevención, corrección, auditoría, investigación y sanción de delitos de corrupción.
Además de la Secretaría de la Función Pública, dos órganos más serán responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción: la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.
Un Consejo Nacional para la Ética Pública es la que se encargará de garantizar la adecuada implementación de las políticas y programas desarrollados por el Comité Coordinador en sus respectivos órdenes de gobierno, así como instaurar un Comité de Participación Ciudadana que será el órgano ciudadano mediante el cual se canalizarán los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil.
