Dos funcionarios de la administración del mandatario panista Guillermo Padrés Elías, están implicados en la venta de al menos nueve recién nacidos, quienes fueron ofertados a familias que esperaban adoptar a un niño y pagaron hasta 150 mil pesos.
Carlos Alberto Navarro Sugich, titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE), identificó a los funcionarios sospechosos como Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como sub director en la Procuraduría de la Defensa del Menor a cargo de la Línea Protege; y José Manuel Hernández López, de 38 años de edad, quien trascendió que se desempeñaba como Asesor Jurídico del Sistema DIF Estatal y en la Unión Ganadera Regional de Sonora.
Ambos funcionarios inculpados permanecen libres y ya tramitaron un amparo, por lo que la PGJE no ha podido ejecutar la orden de aprensión por los delitos de incumplimiento de un deber legal, que conlleva una penalidad de 1 a 8 años de prisión e inhabilitación de 1 a 5 años para ocupar cargos públicos; suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante cuya pena va desde 6 meses hasta 6 años de cárcel; además de sustracción y tráfico de menores e incapaces, con una pena de 15 a 40 años de prisión.
En todos los casos las madres biológicas de los menores eran mujeres en situación de vulnerabilidad como pobreza extrema y problemas de adicción, quienes no recibieron dinero a cambio de entregar a sus hijos a la supuesta adopción por lo que no están sujetas a proceso penal, en cambio, entre los 16 consignados hay 14 personas, entre parejas y madres solteras que pagaron fuertes sumas de dinero para obtener a un bebé, a los cuales registraron como sus hijos ante el Registro Civil del Estado de Sonora.
