La actual legislatura en el casi año y medio que llevan en su cargo, han disparado la contratación de asesores y personal de apoyo en los tres órganos de dirección de la Cámara de Diputados, que juntos acumulan un total de 477 personas que están al servicio de unos cuantos legisladores.
Este personal está adscrito a la Junta de Coordinación Política, que encabeza el perredista Silvano Aureoles (248 personas); a la Mesa Directiva que dirige el panista Ricardo Anaya (118 personas), y en el Comité de Administración (con 78).
La suma de estos asesores, más 33 personas que son personal de staff (trabajadores de oficina de cada órgano), suman los 477 empleados, lo que representa casi la totalidad de la composición del pleno cameral, que es de 500 legisladores.
De acuerdo con un análisis interno de la misma Cámara de Diputados, este “ejército” de asesores es “atípico” porque los colaboradores de estos órganos de gobierno en las pasadas legislaturas no superaban las 60 personas.
El lunes 29 de julio, se publicó que a principios de la actual Legislatura había entre la Jucopo y la Mesa Directiva una plantilla de 281 empleados, pero al iniciar 2014, este número se elevó a 366, casi 100 asesores más.
El documento interno explica que actualmente hay 404 personas contratadas que cobran con cargo a los techos presupuestales de los órganos de gobierno, pero realmente trabajan en los grupos parlamentarios y sus sueldos son erogados por la Cámara de Diputados.
Las 404 personas están contratadas como “asesores”, es decir, tienen el nombramiento de “confianza” o por “honorarios”; el resto son empleados de base y sindicalizados.
Por lo regular esta plantilla de empleados se desempeñan como secretarias, mensajeros o asistentes.
En cambio, las contrataciones de los asesores se hacen a propuesta de cada diputado y cada uno de esos empleados llega a ese puesto con un acuerdo salarial particular, que depende de la cercanía o del compromiso político del legislador.
El sueldo de este ejército de asesores oscila entre 30 mil y 80 mil pesos mensuales y el análisis interno sostiene que en estas oficinas controladas por los legisladores no tiene límite para contratar, pues la normatividad interna de la Cámara de Diputados lo permite.
