La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició 20 procedimientos como parte del operativo que realizó recientemente denominado Playa en Regla y Zona Federal Marítimo Terrestre, informó su delegado, Miguel Ángel Chuc López, quien agregó que hay 25 lanchas detenidas.
-Estamos dándole continuidad a nuestro operativo Playa en Regla y Zona Federal Marítimo Terrestre. Nos avocamos ahora en la ciudad capital a participar con este programa, con nos Mueve un malecón limpio, del Ayuntamiento de Campeche y se empiecen a regularizar quienes están ocupando o quienes han abandonado lanchas desde hace mucho, tiempo las puedan retirar. A eso nos hemos avocado.
-Hay 20 procedimientos, todavía en proceso de inicio –indicó-. Valoramos después que se les da la garantía de audiencia a los visitados, elementos probatorios o justificantes que nos hagan saber y sus condiciones económicas sobre todo, para poder valorar tipo y clase de sanción que se aplicará.
Dijo que puede establecerse una multa o decomiso de las lanchas en su caso. Precisó hay 25 lanchas detenidas, en calidad de inservibles como parte de este operativo, trabajo que comenzó el mes pasado en el Balneario Popular, levantando las embarcaciones.
De igual manera, sobre las palapas que no cumplían requisitos para estar instaladas, Chuc López dijo que también se hacen visitas a esas instalaciones y señaló que en algunos casos están agregadas por lo que se les pide la documentación correspondiente para regularizarlas ante la Semarnat.
A pregunta expresa sobre los plazos para fincar responsabilidades, señaló que personal de la dependencia se ajusta a los términos que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos por lo que los términos varían.
-Mucho también depende de la defensa que haga el visitado, porque le tenemos que dar garantía de audiencia.
Por último, comentó que no hay casos de reincidencia y que la Ley establece hasta 20 mil veces el salario mínimo como sanción económica, pero primero se toman en cuenta las condiciones económicas del infractor, y quien incurra en violación a la norma se le aplica la sanción correspondiente.
