Senadores del PRI, PAN y PVEM dejaron en claro que el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación y que la reforma permitirá cambiar el modelo energético con el propósito de detonar el crecimiento y garantizar mejores condiciones de vida a los mexicanos, ya que el actual llegó a su límite y se encuentra en franco agotamiento.
En tanto, legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano manifestaron que el proyecto de dictamen de reforma energética confrontará, dividirá a los mexicanos y permitirá que las empresas extranjeras se lleven las ganancias de Pemex y de la CFE, además de que la propuesta responde a la presión de Estados Unidos, por lo que de aprobarse sería “una verdadera locura y una traición al país”.
Lo anterior, durante la discusión en lo general que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y de Estudios Legislativos, Primera, realizaron sobre el proyecto de dictamen que busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, donde participaron 43 senadores de esos grupos parlamentarios en un debate que duró casi 12 horas.
El senador Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional, consideró que “mantener a este país anclado y no dar los pasos” para transformarlo “sí sería una traición a la patria”.
“No poder entender lo que hoy vivimos y pretender creer que el país habrá de caminar solo” “por obra y gracia del espíritu santo”, expresó, “también es muy complicado”.
El legislador por Sinaloa insistió en que “el petróleo seguirá siendo de la nación, porque así se ha establecido” y que el país necesita resultados y “reformas que lleguen a los bolsillos de los ciudadanos”.
Su compañero de bancada, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz manifestó que esta es la oportunidad de “explotar la riqueza del subsuelo” para, sin perder la propiedad de la nación sobre ella, beneficiar a millones de mexicanos.
Sin embargo, dijo, para ello es indispensable fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para “ser más competitivos, productivos y transparentes en el ejercicio de sus funciones”.
En tanto, la senadora Graciela Ortiz González, también priista, afirmó que México “exige respuestas inmediatas” para, de cara fundamentalmente a los jóvenes de este país, cambiar el modelo energético con el propósito de detonar el crecimiento.
“Venimos a legislar para garantizarle mejores condiciones de vida a los mexicanos, así como a resolver de una vez por todas esa gran desigualdad regional y social que padece México” y eso se logrará a partir de la modificación del modelo energético que nos rige como podemos alcanzar esa condiciones de prosperidad.
El senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury afirmó que el eje fundamental de este modelo energético son los reguladores, pues establece la creación de árbitros que garantizarán condiciones equitativas para todos los actores de este sector, con una visión de plena transparencia y rendición de cuentas.
Dijo que es necesario dotar al Estado de las herramientas jurídicas contractuales que permitan garantizar seguridad, confianza y mejores condiciones en el aprovechamiento de los bienes de la nación.
Del mismo grupo parlamentario, el senador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que el país requiere un cambio profundo en el modelo de gestión y organización del sector energético en su conjunto, “ya que el actual llegó a su límite y se encuentra en franco agotamiento porque ya no responde las necesidades de la sociedad actual y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios”.
Es por ello, que el presente dictamen permite al Estado allegarse de nuevas tecnologías e inversiones productivas, con lo cual se busca garantizar que los mexicanos cuenten con mejores condiciones de vida, un ambiente de libre competencia que detone nuevas fuentes de trabajo y el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes, manifestó el legislador.
También del PAN, el senador Francisco Domínguez Servién señaló que la reforma define nuevos modelos reguladores que permitirán que la operación de sector energético se oriente hacia prácticas internacionales, con el objeto de maximizar su rentabilidad internacional y eficientar sus operaciones productivas.
Indicó que este modelo se complementa con la creación de un fondo soberano administrado por el Banco de México, “lo que se traduce en mayores beneficios y seguridad energética para todos los mexicanos”.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez aseveró que este debate es histórico y abrirá “viejas heridas”, pues se trata de dos visiones profundamente distintas del país y de una contrarreforma que rompe con una base fundamental del pacto social porque impone la visión de una parte de la sociedad: la del dinero, la del privilegio, la que detenta el poder público y económico en estos momentos.
Nos va a confrontar y a dividir a los mexicanos y por eso esta decisión debe someterse a una consulta popular que involucre a todos los ciudadanos del país, además, dijo, pone “indudablemente en riesgo la soberanía”, debido a que las decisiones soberanas en materia energética serán sometidas a los tribunales internacionales”, apuntó el senador perredista.
Consideró que la propuesta somete a remate no solamente el petróleo sino también el resto de los hidrocarburos y la industria eléctrica “vulnerando profundamente al Estado mexicano que sigue debilitándose”. “Si tenemos un Estado fallido ante la delincuencia hoy tenemos un Estado fallido ante los poderes económicos fácticos del país y del extranjero”, advirtió.
En este sentido, hizo notar que este dictamen pasará a la historia al igual que sucedió con los tratados de Guadalupe-Hidalgo con los que Santa Anna entregó la mitad del territorio nacional o al igual que “los tratados y convenios que firmó la aristocracia mexicana para imponer a un emperador extranjero” en México.
También del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna advirtió que las empresas extranjeras no vienen a compartir riesgos sino a llevarse “las ganancias gigantes de Pemex, vienen por la renta petrolera de México, que es de más de 100 mil millones de dólares anuales”.
Al presentar un voto particular, el senador perredista Manuel Camacho Solís aseguró que el dictamen no se elaboró en Estados Unidos, pero tampoco en el Senado sino “se hizo en la oficina del Presidente de la República con su gabinete más cerrado y con unos cuantos senadores; muy poquitos”.
En este sentido, acusó a Enrique Peña Nieto de meter al país “en un callejón sin salida: o se abre la industria petrolera o hay una crisis financiera, esa la circunstancia en la que hoy se encuentra nuestro país”, por lo que las petroleras extranjeras sólo quieren es que se quiten del artículo 27 la prohibición de contratos y de concesiones, ya que lo demás es “intrascendente” para ellas.
A favor del proyecto de dictamen, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, consideró que el actual sistema energético de México es cerrado y una “camisa de fuerza”, además de que su normatividad es anacrónica, lo que provoca que México se abstraiga del resto del mundo.
Por ello, se dijo convencido de “que tenemos nos tenemos que liberar de esta camisa de fuerza”, con el objetivo de que Pemex no sega asumiendo los costos, los riesgos y las pérdidas de manera aislada.
Su compañera de bancada, la senadora Ninfa Salinas Sada expresó que esta reforma es mucho más que petróleo y gas, ya que aborda el tema de seguridad ambiental, de sustentabilidad, de energías renovables.
Asimismo, agregó, busca armonizar el crecimiento económico con la seguridad energética, la inclusión social sin descuidar la sustentabilidad ambiental.
El senador Carlos Puente Salas, señaló que existe una “obsesión” de varios en insistir en que con este proyecto se privatiza Pemex y “de cara a la nación afirman estas mentiras”, pero “en ninguna parte del dictamen dice privatización”. “Entendemos que le están hablando a los tendidos, que le están hablando a las pantallas que tienen en reforma con la gente que trajeron a manifestarse”.
De igual manera –expuso el legislador del Partido Verde– hay quienes señalan que es el “robo del siglo”, pero “el robo es quitarle a los mexicanos la posibilidad de contar con energías más baratas y más accesibles”, “robo es lucrar con demagogia”
Por al Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz señaló que los motivos para reformar la Constitución “en una posición anti histórica” y con el propósito de otorgarle a las empresas trasnacionales “derechos sobre el petróleo” responde a la “presión de Estados Unidos” porque necesita de este recurso.
Dijo que es un asunto geopolítico “que han querido dejar a un lado para hacer creer” que la reforma constitucional es motivada por la caída del yacimiento de Cantarell, pero es un mecanismo de seguridad energética de América del Norte que se fue construyendo a partir del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México.
Destruir a las dos principales empresas del Estado mexicano –Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos–, manifestó, “para que entren los extranjeros” al sector energético “es una verdadera locura y una traición al país”.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Layda Sansores San Román advirtió que las empresas extranjeras tampoco tienen la tecnología suficiente para hacer la exploración y explotación de los pozos en aguas profundas, por lo que sólo se les pagará para que sean intermediarias, “dejando toda la riqueza para las trasnacionales”.
Dijo que no se debe renunciar al control del petróleo, “sin embargo, ahora estamos ante este frenesí privatizador donde la corrupción estará a la orden del día, dado que las grandes empresas inflan los precios”.
Posteriormente, se presentaron siete votos particulares al proyecto de dictamen y las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y de Estudios Legislativos, Primera, decretaron un receso y citaron para mañana lunes 9 de diciembre, a las 11:00 horas , a fin de continuar con la discusión.
