Tres delitos son los que, hasta el momento, la fiscalía le está imputando al expresidente del país, Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo para someterse a la Justicia por el caso de fraude aduanero conocido como “La Línea”.
Los delitos son por asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y cohecho pasivo, en los que habría incurrido entre el 8 de mayo de 2014 y el 16 de abril pasado, cuando fue desmantelada la red de corrupción.
Como presidente de la República, Pérez Molina tuvo conocimiento y colaboró con la organización y recibió un porcentaje de los sobornos, dijo el Ministerio Público (Fiscalía) en la audiencia que se celebra en el Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.
Aseguran que Pérez Molina incluso estaba en la red por encima del jefe operativo de la misma, Juan Carlos Monzón, el ex secretario privado de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, quien renunció al cargo en mayo pasado por el caso.
Pérez Molina, un general de brigada retirado de 64 años, escuchó atento la acusación de la Fiscalía, que presentó como pruebas la interceptación de llamadas telefónicas entre los supuestos miembros de la organización.
Los delitos por los que se acusan a Pérez Molina son los mismos por los que el Ministerio Público acusó a Baldetti, en prisión preventiva desde la semana pasada.
Participan los fiscales del Ministerio Público y representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo de la ONU, que investigan el caso “La Línea”.
Por otro lado, Alejandro Maldonado, un ex magistrado conservador de la Corte de Constitucionalidad, quien fue nombrado hace un par de meses como Vicepresidente del país centroamericano, ocupará la Presidencia solo hasta el 14 de enero, cuando el Congreso le tome juramento al nuevo presidente de Guatemala, que se espera que sea elegido en las elecciones que se avecinan.
Maldonado, de 79 años, ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y ha ocupado varias embajadas. También dirigió la Corte de Constitucionalidad, donde presidió las decisiones sobre candentes asuntos como el no extraditar al exdictador Efraín Ríos Montt a España.
