La oposición del Partido Revolucionario Institucional a los acuerdos negociados entre el Senado y las organizaciones de la sociedad civil para elaborar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, está constituyendo una amenaza a los filtradores de información y busca instaurar “opacidad, ilegalidad, corrupción y un incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado”, denunció la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
La organización acusó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como los grupos parlamentarios de PRI y PVEM intentan eliminar el artículo 214 del proyecto de ley, el cual estipula que no será perseguido quien divulgue información clasificada como reservada, en el caso de que sea de interés público.
En su forma actual, el artículo 214 plantea la protección y la garantía de no persecución a los filtradores que revelen “violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional”.
Los filtradores de información han un punto clave en la revelación de escándalos de escala internacional, desde el surgimiento de WikiLeaks en 2006 hasta la divulgación el domingo 8 del enorme fraude fiscal operado por la filial del banco HSBC en Ginebra por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
De eliminarse el artículo 214 de la ley produciría un efecto silenciador que disminuiría el acceso a la información y, en general, el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público.
