Con la advertencia de que el Gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés debe restituir toda la infraestructura dañada en la comunidad “El Sacrificio” en el municipio del Carmen o en caso contrario no levantarán el campamento instalado en Palacio de Gobierno, familias que fueron desalojadas de forma violenta de sus viviendas, se manifestaron para denunciar los actos arbitrarios del titular del ejecutivo estatal.
Alrededor de 60 personas, entre ellos, niños de diferentes edades que presentan cuadros de diarrea, vómitos y gripas, llegaron a Palacio de Gobierno en punto de las 11 de la mañana para exigir la devolución de más de 50 viviendas, una iglesia, dos escuelas, un Centro de Desarrollo Comunitario y casa de Salud, pues el desalojo era ordenado para Rancho Quemado y no para las familias del Sacrificio.
“Pese a que este predio no pertenece a Rancho Quemado, nuestras tierras están siendo custodiadas por personas con armas de alto calibre, si van ustedes les van a salir con rifles F15, cuerno de chivos para impedirles el paso y está resguardado totalmente. Me gustaría que el supuesto dueño de Rancho Quemado tuviera un plano avalado por alguna institución general, no por el registro público de la propiedad, porque sabemos cómo se manejan las cosas”, indicó Guillermo Hernández Rodríguez, representante estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas.
El próximo 3 de septiembre, afectados, representantes de la CUDOC y autoridades nacionales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), sostendrán una reunión para definir el paso a seguir en este desalojo arbitrario.
Las familias desalojadas han obtenido ayuda de habitantes de la comunidad aledaña de Santa Rita.
