En el caso Oceanografía sólo se ha cuestionado el fraude que realizó la empresa y las afectaciones a los trabajadores y ha Petróleos Mexicanos pero nadie ha exigido sancionar a los funcionarios que cayeron en omisiones y que de alguna u otra manera están involucrados, informó el ex delegado de Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), José Guadalupe Celis Pérez.
En entrevista, el abogado destacó que estas omisiones están provocando serios problemas no sólo a los trabajadores sino que deriva en que el Gobierno Federal vaya al rescate, pues son contribuciones que afectan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Hay funcionarios y personas que posiblemente están implicadas, pero nadie se ha cuestionado esto, hay intereses de por medio, complacencias que no han sido exhibidas, entonces lo que hay que preguntarnos es, por qué o a quienes les están dando protección”.
Señaló que los trabajadores pueden emprender un juicio para que se realice una investigación a fondo del caso que ha causado un gran daño al sector privado al crear desconfianza sobre todo por parte de Pemex.
Celis Pérez destacó que solo el Órgano de Control Interno debe de iniciar una investigación para deslindar responsabilidades de funcionarios implicados, los cuales dañan a los trabajadores que ahora se enfrentarán, que pese a estar 20 años trabajando para dicha empresa, hoy se topan con la sorpresa de que no pueden jubilarse por no tener los años de servicio, “estamos hablando de que no tienen ningún tipo de protección y no pueden decir que nadie lo sabía”.
“Basta ver que cuando un ciudadano se retrasa en el pago de su Infonavit o el IMSS, inmediatamente y de manera automática les mandan requerimientos y que Oceanografía haya pasado años y hasta ahora nadie dice nada, eso está muy raro”, concluyó.
