Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyera que la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo, fue provocada por el abuso de la fuerza de la policía del Estado, el gobierno de Puebla emitió un comunicado.
En él, lamentan los hechos sucedidos en San Bernardino Chalchihuapan, donde resultaron lesionados civiles y policías, y reiteró sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia por la muerte del niño quien fue herido por un proyectil de goma.
Aunque en primera instancia, el gobierno acepta las recomendaciones de la CNDH, la administración de Moreno Valle indicó que “el hecho mismo obliga al gobierno del estado de Puebla a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos y mantener el orden garantizando la seguridad y la integridad de la ciudadanía”.
Señaló que fue nombrado José Antonio Pérez Bravo como fiscal especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan y agregó que Juan Pablo Piña, jefe de la Oficina del Ejecutivo, será el responsable de verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las dependencias responsables.
