Para “prevenir la radicalización”, el Gobierno contratará a 60 clérigos musulmanes para las prisiones, con el fin de evitar que durante su encarcelamiento se adhieran a las doctrinas yihadistas, y creará zonas especiales en las cárceles para este tipo de presos.
El primer ministro Manuel Valls reiteró que las nuevas medidas son “excepcionales pero no de excepción” e incluyen la contratación de más de 2.600 personas, así como el refuerzo de la lucha contra el “ciberyihadismo”.
También se pondrá en marcha un fichero especial de personas “condenadas por terrorismo”, que tendrán que informar regularmente a las autoridades sobre su domicilio y sus viajes al extranjero.
Además Valls pidió una reflexión a todos los partidos políticos sobre la posibilidad de retirar la nacionalidad francesa a las personas condenadas por terrorismo y anunció un proyecto de ley sobre los servicios de inteligencia que será presentado en marzo en el Parlamento.
