La infanta Cristina fue acusada de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, penados con hasta 6 y 5 años de prisión respectivamente, en su carácter de copropietaria de la sociedad Aizoon, que comparte al 50% por Urdangarin
Más de un millón de euros públicos de los seis apropiados indebidamente por el Instituto Nóos fueron desviados a Aizoon.
El juez del caso, José Castro, citó a la infanta a declarar el sábado 8 de marzo a las 10 en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se instruye la investigación, según informó en un escrito de 227 páginas.
En los últimos ocho meses el magistrado estuvo centrado en investigar la actividad tributaria y financiera de la hija menor del rey después de que la Audiencia provincial bloqueó su primera imputación.
En abril de 2013, Castro encontró hasta 14 indicios de la presunta complicidad o colaboración necesaria de Cristina Federica de Borbón y Grecia con las actividades delictivas de su marido.
