La impunidad sistemática que prevalece en el sistema judicial en torno a la violencia contra las mujeres alienta esta conducta, pues la gran mayoría de las denuncias no se investiga, sanciona ni tiene una reparación efectiva, afirmó la diputada del PRI, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez.
Aseguró que el 63 por ciento de las mujeres mayores de 15 años son violentadas en el país, sostuvo. Incluso, dijo, el 21 por ciento de las mujeres que sufren violencia física o sexual ha pensado en suicidarse, señaló la legisladora al participar en el ciclo de conferencias “Activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas”.
Núñez Sánchez destacó que las omisiones en el seguimiento de este delito se deben a cuestiones sociales y culturales, ya que dicha violencia es aceptada como “normal” por surgir y perpetrarse a nivel doméstico, y no se interviene por considerarse una problemática de la esfera privada.
Todo ello “sólo refleja la apatía, el desconocimiento del problema y la falta de una política integral que aborde el fenómeno como un problema estructural de la sociedad que se debe atacar desde diversas aristas”, precisó.
La integrante de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas aseguró que a la violencia “nadie escapa, no hay religiones ni diferencias económicas; no se ven colores, ni sabores, ni cuestiones políticas, es general y se ve por todas partes”.
De ahí que siete de cada 10 mexicanos consideran que la cuestión económica influye para resolver la violencia, pues no tener dinero es un obstáculo que viven miles de mujeres para ser atendidas.
Subrayó que “las trabas para tener acceso a la justicia son los mecanismos de enjuiciamiento y prevención ineficaces que dejan impunes a muchos de los agresores”.
Estadísticas preocupantes implican retos mayores
La legisladora por Nayarit refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 37.1 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia comunitaria; significa que 4 de 10 sufren de manoseos, agresiones, insinuaciones y humillaciones.
En el noviazgo, el 30 por ciento no recurre a nadie en busca de ayuda, ya que el 62.2 por ciento considera que “no tiene importancia”; sostuvo que no sólo el agresor, sino también la sociedad, ignoran las necesidades de las víctimas de la violencia, a quienes se criminaliza y humilla cuando alzan la voz.
“Se les ha adoctrinado, haciéndoles creer que lo normal es ser víctimas, ya que de niñas vivieron en hogares, donde los varones agredieron a las mujeres, y eso formó un patrón de conciencia de que eso es normal”.
Agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el 39.1 por ciento de las jóvenes reporta un abuso de violencia física leve, como arañazos, jaloneos de cabello, mordidas y todo tipo de agresión que no requiera tratamiento.
El 59.9 por ciento sufre violencia media expresada en bofetadas, golpes, tirarle o romper objetos sobre el cuerpo de la pareja, con el riesgo de provocarle heridas graves.
Sin embargo, sobre la violencia severa no existen cifras certeras de la incidencia; se incluyen quemaduras, intentos de estrangulamiento y amenazas con armas blancas.
Afirmó: “son estadísticas preocupantes, por lo que los retos se vuelven aún más mayores, pero no imposibles, para solucionar este delito que lesiona no sólo a las mujeres, sino a la sociedad, que cada día orilla a la vulnerabilidad y fomenta una gran desconfianza en las instituciones democráticas, ya que el acceso a la justicia se vuelve cada vez más lejano”.
Pese a que en la actualidad existen tanto leyes como políticas públicas enfocadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres “no son suficientes. La aplicación de las leyes debe acompañarse de una cultura inclusiva y de respeto hacia las mujeres”, precisó.
Advirtió que “no sólo se requiere el trabajo legislativo para construir leyes, sino un esfuerzo conjunto de todos para atender el tema de la violencia desde el hogar, la escuela, en la calle, en los centros laborales, en la política; sí, las leyes son la base, pero también quienes las ejecutan”.
Tiene que ser una labor a conciencia desde los Ministerios Públicos, jueces y del esquema de justicia en general, para que le den el valor que merecen las denuncias por agresión psicológica, física, económica, laboral, emocional y sexual, tendencia en la cual también ya los varones empiezan a dar a conocer que son víctimas, por lo que urge diseñar políticas integrales y coordinadas que garanticen la protección.
Refirió que los estados que registran los mayores índices de violencia contra la mujer son Jalisco, Tabasco, Chihuahua, Morelos, Sonora, Distrito Federal y Guerrero; además, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género, se presentaron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 entidades entre 2009 y junio de 2010, siendo el Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y Morelos los que concentran el más alto número de estos lamentables hechos.
Aseguró que nadie está exento de ser víctima de la violencia, por lo que urgió a atacarla desde sus orígenes, donde la sociedad es parte fundamental para lograr que las cosas cambien en nuestro país. Las mujeres que la sufren deben denunciar, y las autoridades con mucha responsabilidad dar seguimiento a esas denuncias, concluyó.
