El Procurador de la Defensa del Contribuyente, José Guadalupe Celis Pérez advirtió que ante la incertidumbre que prevalece entre los micro y pequeños empresarios del estado de Campeche, sobre todo entre quienes tributaban en el Régimen de Pequeños Contribuyentes o “Repecos”, hay el riesgo de cierre de empresas y con ello, la pérdida de empleos.
En entrevista luego de reunirse con dirigentes de las diferentes Cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, Celis Pérez señaló que en tan sólo cinco meses, la dependencia a su cargo realizó durante el 2013 un total de 380 actividades.
Agregó que de ese total, 46 fueron quejas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quejas presentadas por la inmovilización de las cuentas bancarias.
-Este año ya brindamos asesoría a 150 personas sobre el Régimen de Incorporación Fiscal, porque los micro y pequeños contribuyentes cambiarán al régimen general de ley.
En su opinión, dicha transición es muy benéfica para este sector productivo porque aseguró que durante el primer año no pagarán impuestos, además se les condonarán sus aportaciones a la medicina institucional como lo es el Seguro Social en un 50 por ciento.
-Sin embargo, lo que van a enfrentar este cambio, de una zona que ya conocían de Repecos al Régimen General de Ley, las noticias que tengo y no por señalamientos de los contribuyentes de forma oficial, sino por cometarios, que algunos pequeños empresarios ya cerraron sus negocios, esto como medida preventiva hasta estar complemente seguros de cómo van a quedar las cosas por parte de la Secretaría de Hacienda.
Más adelante, aunque aceptó que la publicación de un listado de morosos por parte del SAT, considerada una acción en contra de este sector productivo, es una de sus facultades consideradas en el artículo 69, manifestó que los empresarios inconformes pueden hacer valer sus derechos por las vías legales correspondientes y acudir a la Procuraduría a su cargo para recibir asesoría y defensa.
-Si deciden ampararse y ganan este recursos, demostrarán que el actuar de la autoridad hacendaria no es el correcto. Inclusive, si se llegaran a darse varias resoluciones en el mismo sentido, podría crearse una tesis jurisprudencial que declare la inconstitucionalidad del acto –finalizó.
