La familia de Alondra Luna Núñez espera en la calle una respuesta de las autoridades locales para dar con el paradero de la menor de edad que fue arrebatada el jueves por agentes de la Policía Federal adscritos a la Interpol.
Los agentes entraron a la telesecundaria donde estudiaba. La trasladaron a Michoacán contra su voluntad después de ser reclamada por una pareja aparentemente originaria del estado, pero con residencia en Estados Unidos.
La principal exigencia de los parientes de la estudiante de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz es que se realicen las pruebas de ADN para que la jovencita de 14 años pueda regresar a su vida cotidiana en Guanajuato.
Desde el jueves por la mañana que llegaron los agentes y se llevaron a la menor de edad, los padres desconocen su paradero.
El agente de la Policía Ministerial adscrito a la International Criminal Police Organization (Interpol, por sus siglas en inglés), José Luis Acevedo, llegó a la institución con una orden de una juez federal que mostró a la directora, Rubí Mendoza Pérez, para llevarse a la menor de edad y entregarla a sus presuntos verdaderos padres.
A pesar de la resistencia de Alondra, fue trasladada a Michoacán. Los padres reconocidos en documentos oficiales están detenidos.
Sin conocer la sentencia del juzgado federal para conocer a detalle los argumentos de los que se valió la juez para entregar la patria potestad a los presuntos verdaderos padres, fueron detenidos los padres con los que Alondra vivió, dicen ellos, desde su nacimiento.
El viernes en la audiencia que se realizó en Los Reyes, Michoacán, donde se inició el juicio, fue cuando la jueza Cinthia Mercado García de Michoacán resolvió entregarle la custodia a Dorotea García, presunta madre que la reclamaba.
La familia que ha vivido con Alondra estos años en Guanajuato reclamó que en la audiencia no le permitieron entregar el acta de nacimiento, constancia de alumbramiento y que se hiciera una prueba de ADN para comprobar que es su hija.
Solicitaron el apoyo del gobierno de Guanajuato para que intervenga y se programe una nueva audiencia donde permitan entregar todas las pruebas que en la primera se les negaron.
