Un juez federal negó un amparo a los excolaboradores de Rosario Robles para que la Fiscalía General de la República (FGR), les aceptara 3 pruebas de descargo, en la investigación de un presunto desvío de 124 millones de pesos.
Lo anterior, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), les rechazara las pruebas a Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza González, directora General de Recursos Humanos, debido a que el Acuerdo, es una norma que no está sujeta al ofrecimiento de pruebas porque la FGR tendría la obligación de considerarlo en caso de ser aplicable a su investigación.
Ante ello, el Juez Segundo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México resolvió que la FGR no está obligada a aceptarlas en su totalidad, porque su admisión depende de los requisitos y límites que marcan las leyes secundarias.
“La defensa adecuada a que refiere el artículo 20 constitucional, en el apartado correspondiente, consiste en dar oportunidad a todo inculpado de aportar pruebas durante la etapa de la averiguación previa, lo que no implica como lo pretende el quejoso, que sin limitación alguna se provean de conformidad todas las probanzas que él o su defensor ofrezcan durante dicha etapa”, precisaron.
Cabe destacar que los exfuncionarios de Sedatu y Sedeso ofrecieron como pruebas una copia del “Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el que se aprueban las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sedesol”.
Además, solicitaron requerir a la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) una copia certificada del documento indicado para que fuera cotejado con el que ellos ofrecieron en copia simple.
