La autorización que el Ayuntamiento otorga a los fraccionadores de vivienda para conectar la red de aguas negras a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad, ha provocado que varias de éstas se vean rebasadas en su capacidad de procesamiento y esto contribuye a la contaminación ambiental, informó José Bravo Negrín, procurador de Protección al Ambiente del gobierno del Estado.
Indicó los fraccionamientos debieran tener su propia planta de tratamiento, pero al tener el permiso de la Comuna, obvian esta responsabilidad, sin importar que el problema se agrave.
-El tema de los drenajes sanitarios que existen en diferentes partes de la ciudad es una tema que hemos tocado en reiteradas ocasiones, que compete a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (Capae), a la Conagua y a las instituciones encargadas de regular el problema del agua – indico-.
-Incluso el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), encargado del mantenimiento de las plantas de tratamiento. Se han hecho grandes inversiones en estas que, por desgracia, luego no funcionan. Hemos tenido que multar a Ayuntamientos que no le han dado el mantenimiento necesario y no funcionan como debieran.
Dijo se entiende la complicada situación de los gobiernos municipales, que dan preferencia a la prestación de servicios. Sin embargo, para quienes somos autoridades del medio ambiente, esa no es una justificación para no darles mantenimiento y advirtió lo tienen que hacer pues de recibir una denuncia, se abrirá un procedimiento administrativo y se llegará a las últimas consecuencias.
Enfatizó solo Campeche ha tenido problemas por este motivo y añadió la situación es difícil porque siguen creándose nuevos fraccionamientos y algunas veces las autoridades les autorizan conectarse a las plantas de tratamiento y esto hace se rebase su capacidad “y colapsan”.
Agregó que lo ideal es que todo fraccionamiento tenga su planta de tratamiento. Empero, hay nuevos suburbios a los que se les permite conectarse y se rebasa la capacidad.
-Hasta ahorita no hemos considerado clausurarlas porque sería aún peor, es preferible trabajen a menos de su capacidad a que nosotros seamos los mismos que las clausuremos. Hasta ahorita las sanciones son económicas, administrativas, onerosas, de más de 100 mil pesos y eso causa que el Ayuntamiento no solo deba dar mantenimiento sino pagar una multa y se vuelve un círculo vicioso.
Finalmente, en cuanto a los fraccionadores, apuntó que al tener la autorización, la Procuraduría a su cargo, “no puede hacer nada.
