La senadora Layda Sansores, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, asumió el compromiso de impulsar un punto de acuerdo a partir del cual se promueva la inclusión del tema de derechos humanos en la educación dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que habrá de presentar el Ejecutivo Federal.
Esto en el marco del foro: “La educación en materia de los derechos humanos como herramienta para la paz”, en el cual Layda Sansores pidió a diversas organizaciones académicas y sociales presenten cinco propuestas de acciones legislativas urgentes y otras más de mediano y largo plazo, para lograr el objetivo de que el tema de derechos humanos sea un tema efectivo dentro de la enseñanza.
“Hoy que está el tema de la educación y la reforma educativa, busquemos la manera de presentar propuesta legislativas que le den marco a la operatividad, porque a veces hacemos leyes pero las políticas públicas se quedan en el cajón”, apuntó la senadora de Movimiento Ciudadano.
Consideró que se debe dar “la batalla”, “estoy convencida de que no estamos solos y que las organizaciones sociales y la ciudadanía van tomando cada vez mayor fortaleza y presencia”.
Apuntó que su propuesta con tal objetivo es comenzar a sensibilizar a cada uno de los 128 senadores sobre la importancia de los derechos humanos, así como a impulsar un trabajo transversal entre las diversas comisiones que existen en el Senado para emprender un trabajo conjunto.
Lo anterior a propuesta del catedrático de la UNAM, José Francisco Gallardo Rodríguez, quien estableció que actualmente existe una obligación constitucional que brinda toda la sustancia política para, en los hechos, materializar la educación en derechos humanos.
Esto, consideró, no debe ser únicamente en la Secretaría de Educación Pública, se requiere emprender programas intersecretariales a partir de una política sustantiva.
Al respecto, la doctora Gloria Ramírez, catedrática en la UNAM, apuntó que en la propuesta de Punto de Acuerdo para el Senado debe establecerse como una “exigencia roja”, la convocatoria a conformar un programa de cultura de paz y educación en derechos humanos.
De igual forma, subrayó, el Legislativo no puede hacer a un lado establecer que las autoridades de la SEP rindan cuentas en los avances de la educación en derechos humanos, pues “la violencia en la escuela es gravísima, en algunos estados las quejas son más altas que en materia de seguridad”.
En este contexto, Gabriela Delgado Ballesteros, catedrática de la UNAM, cuestionó en qué momento esas garantías son respetadas por el magisterio de Oaxaca y Guerrero en materia de educación, pues los profesores de estas entidades anteponen intereses particulares y sindicales sobre el derecho supremo de la infancia a una educación, por lo cual se pronunció a favor de implementar modelos educativos que tengan como eje rector los derechos humanos.
De no hacerlo así, dijo, corremos “el riesgo de caer en el problema que vive Estados Unidos, donde el egoísmo, la competencia insolidaria y sin cuartel han roto el tejido social y de desapego a los principios humanistas”.
En su turno, la doctora Mary Carmen Color, de la oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, enfatizó sobre los logros de México en la materia, especialmente en que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Por su parte la doctora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, indicó que la educación en los derechos humanos es un elemento para construir y una alternativa contra la violencia. También afirmó que, educar en derechos humanos desde un cubículo no es educar.
En su turno, Malú Valenzuela Gómez Gallardo, directora del Grupo de Educación Popular en Mujeres, consideró que debe de realizarse una revisión del cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados en la materia, pues México registra un sinnúmero de recomendaciones por parte de la ONU debido al incumplimiento de los mismos.
Por su parte, Claudia Amaranta Castelán, integrante de la Plataforma de Incidencia por la Educación e Instituto Electoral del Distrito Federal, al referirse a los conflictos magisteriales registrados en Guerrero y Oaxaca, consideró que la dificultad en la generación de consensos para la evaluación del desempeño de los profesores, se debe a que no se incluyó desde un principio la participación de los maestros e incluso de los padres de familia, “la sociedad debe ser involucrada”.
Judith Rodríguez Zúñiga, defensora de los derechos politécnicos del IPN, comentó que se debe de vincular la docencia en derechos humanos con la investigación, además de cambiar el modelo educativo tradicional, autoritario y vertical, por uno integral participación, de tolerancia.
